Se aprobaron las emergencias en Seguridad y Servicio Penitenciario

La Legislatura provincial aprobó ayer, además del Presupuesto y la Ley Impositiva, las emergencias en Seguridad y Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) solicitadas por el gobierno de María Eugenia Vidal.

En el texto de la emergencia en Seguridad, que se extenderá por doce meses, el Ejecutivo argumenta que "se ha constatado la existencia de una gran cantidad de hechos delictivos, lo que exigió la adopción por parte del Estado de soluciones concretas", al tiempo que afirma que "aumentar la seguridad ciudadana" es "eje central de la agenda de este gobierno".

La emergencia autoriza a los ministerios de Seguridad y Justicia a "ejecutar las obras y contratar la provisión de servicios y suministros necesarios", a realizar "adecuaciones presupuestarias" y a "celebrar convenios y acuerdos, con personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, a fin de gestionar la mejor aplicación de los recursos".

También habilita al Ejecutivo a convocar nuevamente al personal policial que se encuentra en situación de retiro activo por haber prestado los años de servicio y cumplir con la edad para acceder a la jubilación.

Además, la ley faculta a la cartera de Seguridad "a reasignar funciones y destinos a todo el personal de las Policías de la Provincia y resolver la disponibilidad de los agentes o desafectar del servicio, pudiendo asimismo jubilar o pasar a retiro según el caso" y a "adoptar las medidas tendientes a priorizar la afectación de personal policial a funciones operativas".

En esa línea, permite al Ministerio de Economía "efectuar las adecuaciones presupuestarias, reasignación de recursos, afectación y/o incorporación de las partidas que resulten menester para cumplir con los objetivos establecidos en la presente ley".

En tanto, la iniciativa que declaró la emergencia en el SPB, fundada en la "superpoblación carcelaria", dota a las áreas específicas del Poder Ejecutivo "de herramientas y mecanismos ágiles para mejorar sustantivamente las condiciones de detención”, para lo cual propone, a la par, crear una comisión con participación del Ejecutivo, la Justicia y la Legislatura.

Por otra parte, el Ministerio de Justicia tendrá la obligación de presentar en 60 días un plan de obras que contemple “la creación y reparación de unidades carcelarias” y la estimación de gastos que demande.

Asimismo, dota a los organismos estatales de “celeridad” para “la adquisición de equipamiento y la realización de las obras necesarias para garantizar condiciones dignas de detención”.

En cuanto a los recursos humanos, fortalece las facultades de la cartera de Justicia para “adoptar decisiones vinculadas al progreso en la carrera penitenciaria, mejora de la capacitación y el incremento cuantitativo de los recursos así como su óptima utilización”.

El ministro de Justicia podrá designar personal de manera directa, así como también “disponer bajas, retiros, reubicaciones escalafonarias, cambios de escalafón y ascensos ordinarios o extraordinarios”, además de convocar a retirados del SPB a prestar servicio nuevamente.