Una medida de Garavano complica la gestión de Vidal y Ritondo en Seguridad

La desenfrenada guerra que el gobierno nacional emprendió contra los empleados estatales, esta semana se cobró como víctimas a muchos trabajadores de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), una serie de oficinas descentralizadas en las que la ciudadanía puede realizar trámites tales como asesoría jurídica gratuita, denuncias por violencia doméstica, e incluso llevar adelante mediaciones pre judiciales para resolver conflictos vecinales.

La instalación de los CAJ en distintos puntos del conurbano y el interior del país comenzó en 2010, cuando Héctor Masquelet era secretario de Justicia de la Nación, y se intensificó durante la gestión de Julián Álvarez, quien recibía los pedidos de los intendentes (o de aspirantes a) para que esas dependencias se asentaran en sus distritos.

Mediante convenios de cooperación los municipios ponen a disposición las instalaciones en las que funcionan estas dependencias, mientras que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos las puso en condiciones y de paga los sueldos del personal administrativo y de los profesionales (abogados, psicólogos, trabajadores sociales) que se desempeñaban en el lugar.

La semana pasada, en medio de la ola de despidos que se vienen dando en la administración pública nacional, los empleados de muchos CAJ comenzaron a recibir telegramas en los que la cartera que conduce el ministro Germán Garavano les comunicó que prescindía de sus servicios.

Frente a esto, al menos tres intendentes del Frente para la Victoria ya le adelantaron a funcionarios suyos de las áreas de Seguridad y Justicia que realizarán una reasignación de partidas, con el fin de absorver al personal de los CAJ y continuar con el funcionamiento de los mismos, por considerarlos una pieza clave de las estructuras locales que trabajan en la prevención del delito.

¿De dónde saldrá el dinero? Uno de los jefes comunales kirchneristas no dudó: "De los fondos que todos los meses ponemos para pagar el combustible y los arreglos mecánicos de los patrulleros".

Es que desde hace ya varios años los intendentes decidieron intervenir activamente en el financiamiento de la seguridad pública en sus dominios territoriales, comprando e instalando cámaras de monitoreo, impulsando la creación de polos judiciales, y colaborando con la mantención de los móviles que patrullan las calles del conurbano.

A estos últimos se sumaron, en los últimos dos años, los vehículos que en muchos distritos pasaron a formar parte de la flota de las policías locales, adquiridos directamente por las municipalidades.

"Entre los móviles de la Policía local y la bonaerense, nosotros pagamos casi 600 mil pesos mensuales en concepto de vales de combustibles y arreglos mecánicos", confió a Nueva BA un funcionario del área de seguridad de uno de los municipio afectados, y adelantó que "con parte de ese dinero, que en realidad le corresponde pagar al gobierno provincial, tranquilamente podríamos hacernos cargo de absorver a los empleados de los CAJ si es que Nación decidió cesantearlos".

De esta manera, en momentos en los que no abundan los recursos para la provincia, la gobernadora María Eugenia Vidal y su ministro de seguridad, Cristian Ritondo, deberán hacerse cargo de poner una suma de dinero que en algunos municipios llega al millón de pesos mensuales, para evitar que muchos de los patrulleros que hoy recorren las calles del Gran Buenos Aires queden varados en las puertas de las comisarías.