La CPM criticó el protocolo antipiquetes: "Degrada el sistema republicano"

La Comisión Provincial por la Memoria criticó el protocolo para regular los cortes de ruta y las manifestaciones públicas presentado la semana pasada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, al afirmar que "degrada el sistema republica y democrático" y "criminaliza la protesta social".

"Cualquier decisión política que cercene el legítimo derecho a peticionar constituye una vulneración de las garantías constitucionales y degrada el sistema republicano y democrático", expresó el organismo a través de un comunicado, al tiempo que aseveró que la "finalidad política" del protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad es la "criminalización de la protesta social".

La CPM considera en ese escrito que la nueva legislación "delimita de manera arbitraria el derecho fundamental a manifestarse y peticionar ante las autoridades" y "liga la protesta social al delito", a la vez que advierte que "permite la discrecionalidad de las fuerzas de seguridad para intervenir en las manifestaciones públicas".

"A 40 años del último golpe militar, esta medida constituye un gran retroceso".

Tras denunciar la "inconstitucionalidad" del protocolo, el organismo presidido por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel señala que "según la nueva normativa, el sólo hecho de cortar las vías de circulación constituye ya un delito y habilita su represión: dispersar y después negociar. En los hechos, y contrariando todas los derechos garantizados por la Constitución nacional y los tratados internacionales, este protocolo tipifica la protesta social", asegura el comunicado.

"Arbitrariedad y discrecionalidad de las fuerzas de seguridad, autorización para la actuación de agentes no uniformados, criminalización de la protesta social, cercenamiento del derecho a manifestarse y limitaciones a libertad de prensa: para la CPM, estos elementos atentan las garantías constitucionales", añaden desde el organismo.

En ese orden de cosas, desde la CPM sostienen que "en democracia es inadmisible que se criminalicen actos que son inherentes al ejercicio de la ciudadanía y que son la base de los derechos políticos". A su vez, sostienen que "en un escenario de conflictividad social, la represión de la protesta termina con situaciones de violencias generalizadas, no aporta a la resolución de los conflictos, vulnera las garantías constitucionales y degrada el sistema republicano y democrático".

"A 40 años del último golpe militar, con la aprobación de tratados internacionales en la constitución de 1994, esta medida constituye un gran retroceso", concluye la CPM.