Vidal firmó el decreto para que los funcionarios presenten sus declaraciones juradas

El Gobierno bonaerense oficializó hoy el decreto que obliga a todos los funcionarios a presentar sus declaraciones juradas para “avanzar en la aplicación de políticas de transparencia”, tal como había anticipado María Eugenia Vidal en su discurso ante la Asamblea Legislativa.

La disposición, que lleva el número 116 y se publica hoy en el Boletín Oficial de la Provincia, destaca que “la presentación de la Declaración Jurada Patrimonial es una de las herramientas esenciales para transparentar el accionar de las personas que ejercen una función pública como fuente de autoridad y ejemplaridad social”.

En ese marco, añade que ”para cumplir con la finalidad de transparencia establecida es necesario que las Declaraciones Juradas Patrimoniales sean accesibles al ciudadano”.

En la nueva normativa están comprendidos la Gobernadora; el Vicegobernador, los ministros del Gabinete provincial, los secretarios y titulares de organismos autárquicos y descentralizados; subsecretarios y todos los demás funcionarios con jerarquía equivalente.

El fiscal de Estado y fiscales de Estado adjuntos también quedan incluidos, al igual que los miembros del Consejo de la Magistratura representantes del Poder Ejecutivo; el personal superior de la administración centralizada y descentralizada, inclusive empresas del Estado, con jerarquía igual o superior a subdirector o subgerente.

La norma incluye, asimismo, al personal de la policía y del servicio penitenciario, con categoría igual o superior a la de subcomisario o equivalente, o personal de categoría inferior a cargo de una comisaría; o personal que intervenga en el manejo de fondos públicos, administre patrimonio público, integre comisiones de adjudicaciones, compra y recepción de bienes y/o servicios, participe en licitaciones y concursos; y jefes de personal o recursos humanos.

También tendrán que presentar declaraciones juradas todo funcionario o empleado público encargado de otorgar habilitaciones administrativas para el ejercicio de cualquier actividad, así como todo funcionario o empleado público encargado de controlar el funcionamiento de dichas actividades o de ejercer cualquier otro control en virtud del ejercicio del poder de policía.