El Gobierno envió a la Legislatura la emergencia administrativa y tecnológica

La gobernadora María Eugenia Vidal envió ayer a la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para declarar la emergencia administrativa y tecnológica por un año con el objetivo de agilizar los trámites de contratación de bienes y servicios.

La iniciativa apunta a “paliar el grave déficit en estas materias que en el transcurso de los últimos años se ha visto incrementado progresivamente y posibilitar la modernización de los organismos”, según establece el texto del proyecto elaborado por el ministro de Coordinación y Control de Gestión, Roberto Gigante.

El principal objetivo del proyecto es reducir los plazos de las licitaciones públicas, que actualmente demoran alrededor de seis meses para la adquisición de bienes y servicios de las diferentes áreas del Estado provincial.

El proyecto establece además que los organismos de control (Contaduría General, la Asesoría General de Gobierno y la Fiscalía de Estado) intervendrán en la adjudicación con tres días de plazo y, en caso de que no se remitieran en ese tiempo, “se entenderá que no existen objeciones, quedando el funcionario autorizado para continuar el trámite”.

Asimismo, la norma plantea que la selección del procedimiento de emergencia debe estar fundando; detalla que todo proceso se debe publicar en el Boletín Oficial y en la página web del Ministerio; explicita que se debe notificar a las cámaras que se hayan adherido y dice que la adquisición del bien llevará la firma de la máxima autoridad de la jurisdicción.

"Queremos que los organismos de control en vez de intervenir en cada paso de los procesos, sólo lo hagan en uno: antes de la adjudicación; porque consideramos que se puede ser transparente en un proceso ágil", señalaron voceros del oficialismo en diálogo con la agencia oficial Télam.

Por otra parte, de sancionarse la norma, el Gobierno podrá contratar empresas que no formen parte del Registro de Proveedores y Licitadores de la Provincia, en tanto que los ministerios y secretarías podrán contratar bienes y servicios “sin requerirse la intervención previa de los órganos de control y asesoramiento” si el monto no supera una cifra que el proyecto deja sujeta a la reglamentación de la norma.