- Política
- 07.06.2016
"EL PLAZO ESTABLECIDO HA RESULTADO EXIGUO"
Prorrogan por 60 días el plazo para presentar declaraciones juradas
Así lo dispuso la gestión de María Eugenia Vidal. Obliga a funcionarios estatales, policías y empleados penitenciarios a presentar su declaración patrimonial. La medida había sido anunciada durante la apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura.
El Gobierno bonaerense prorrogó ayer por 60 días la fecha para la presentación de la declaración jurada patrimonial que deben realizar unos 55 mil empleados de la Provincia, entre ellos funcionarios del Poder Ejecutivo, policías e integrantes del servicio penitenciario.
La postergación, dispuesta por la gobernadora María Eugenia Vidal, fue justificada en que "el plazo establecido para el cumplimiento de la presentación en caso de situaciones preexistentes ha resultado exiguo, por lo cual es necesaria su prórroga a fin de viabilizar el cumplimiento en tiempo y forma y fortalecer el régimen".
La medida, que había sido anticipado por Vidal en su discurso de apertura ante la Asamblea Legislativa, fue publicada el 4 de marzo en el Boletín Oficial. Establecía que la fecha límite para la presentación de las declaraciones juradas de bienes era ayer hasta las cero horas, pero los tiempos administrativos y la magnitud de personas que debían entregar sus declaraciones impidieron llegar a tiempo, por lo que se dispuso la prórroga por 60 días, señalaron desde el Ejecutivo.
Entre los funcionarios obligados a presentar la declaración de bienes se encuentran la Gobernadora, el Vicegobernador, ministros, secretarios y titulares de organismos autárquicos y descentralizados, como así también subsecretarios y todo otro funcionario con jerarquía equivalente.
También los directores provinciales, el personal de Gabinete, el secretario privado, el escribano General de Gobierno, el asesor General de Gobierno, el contador General de la provincia y el subcontador, el tesorero General y el subtesorero bonaerense.
Deben hacer lo propio el Fiscal de Estado, los fiscales de Estado adjuntos, los miembros del Consejo de la Magistratura representantes del Poder Ejecutivo y el personal superior de la administración centralizada y descentralizada, inclusive de las empresas del Estado.
Asimismo, el personal de la Policía y del Servicio Penitenciario con categoría igual o superior a la de Subcomisario o equivalente; personal de categoría inferior a cargo de una Comisaría; personal que intervenga en el manejo de fondos públicos o administre patrimonio público, entre otros.
Finalmente, para el caso de las empresas, sociedades y otros entes del Estado, están alcanzados por la medida los presidentes, miembros del directorio, gerentes y subgerentes, directores y subdirectores, contadores y tesoreros, entre otros.
El decreto establece que mientras los funcionarios permanezcan en sus cargos, "la información contenida en la Declaración Jurada Patrimonial deberá ser actualizada con carácter anual al 31 de diciembre de cada año anterior" y que la misma "será pública y su contenido podrá ser consultado por cualquier persona".
La postergación, dispuesta por la gobernadora María Eugenia Vidal, fue justificada en que "el plazo establecido para el cumplimiento de la presentación en caso de situaciones preexistentes ha resultado exiguo, por lo cual es necesaria su prórroga a fin de viabilizar el cumplimiento en tiempo y forma y fortalecer el régimen".
La medida, que había sido anticipado por Vidal en su discurso de apertura ante la Asamblea Legislativa, fue publicada el 4 de marzo en el Boletín Oficial. Establecía que la fecha límite para la presentación de las declaraciones juradas de bienes era ayer hasta las cero horas, pero los tiempos administrativos y la magnitud de personas que debían entregar sus declaraciones impidieron llegar a tiempo, por lo que se dispuso la prórroga por 60 días, señalaron desde el Ejecutivo.
Entre los funcionarios obligados a presentar la declaración de bienes se encuentran la Gobernadora, el Vicegobernador, ministros, secretarios y titulares de organismos autárquicos y descentralizados, como así también subsecretarios y todo otro funcionario con jerarquía equivalente.
También los directores provinciales, el personal de Gabinete, el secretario privado, el escribano General de Gobierno, el asesor General de Gobierno, el contador General de la provincia y el subcontador, el tesorero General y el subtesorero bonaerense.
Deben hacer lo propio el Fiscal de Estado, los fiscales de Estado adjuntos, los miembros del Consejo de la Magistratura representantes del Poder Ejecutivo y el personal superior de la administración centralizada y descentralizada, inclusive de las empresas del Estado.
Asimismo, el personal de la Policía y del Servicio Penitenciario con categoría igual o superior a la de Subcomisario o equivalente; personal de categoría inferior a cargo de una Comisaría; personal que intervenga en el manejo de fondos públicos o administre patrimonio público, entre otros.
Finalmente, para el caso de las empresas, sociedades y otros entes del Estado, están alcanzados por la medida los presidentes, miembros del directorio, gerentes y subgerentes, directores y subdirectores, contadores y tesoreros, entre otros.
El decreto establece que mientras los funcionarios permanezcan en sus cargos, "la información contenida en la Declaración Jurada Patrimonial deberá ser actualizada con carácter anual al 31 de diciembre de cada año anterior" y que la misma "será pública y su contenido podrá ser consultado por cualquier persona".
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