- Política
- 08.06.2016
EL DECRETO FUE PUBLICADO HOY EN EL BOLETÍN OFICIAL
Sancionarán a quienes revelen datos sobre las DD.JJ. de funcionarios
El Gobierno introdujo en la ley que obliga a los funcionarios a presentar sus declaraciones juradas un artículo que establece que podrían recibir sanciones penales quienes difundan información "reservada" de esa documentación.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires agregó a la ley que obliga a los funcionarios públicos a presentar su declaración jurada un polémico artículo que establece serán pasibles de recibir condenas previstas en el Código Penal aquellas personas que divulguen información sobre el contenido de las declaraciones patrimoniales en su formato integral.
El decreto 647 publicado hoy en el Boletín Oficial establece en su artículo 5 bis que “los funcionarios, empleados y terceros que de algún modo vulneren el carácter y/o el contenido de estas declaraciones serán pasibles de las penas previstas por los artículos 157 y 157 bis del Código Penal según corresponda, siendo de aplicación toda otra sanción establecida en la normativa vigente”.
Las penas, de hasta dos años de prisión, alcanzan a aquellos que difundan información sobre las declaraciones juradas en su formato integral, que incluye precisiones sobre los bienes que la integran. Esta información quedará a resguardo de la Escribanía General de Gobierno. Si bien no habla directamente de la prensa, el término "terceros" incluye a periodistas y medios de comunicación.
El decreto establece que las declaraciones patrimoniales de carácter sintético, en tanto, serán públicas y su contenido podrá ser consultado por cualquier persona.
A nivel nacional, Cambiemos introdujo un artículo similar en el proyecto de ley de blanqueo de capitales. Dicho artículo, que generó el repudio de la oposición, contemplaba penas para aquellas personas que difundieran datos sobre quienes decidan ingresar en el blanqueo, lo que, según los bloques opositores, representaba un peligroso límite a la libertad de prensa. El presidente Mauricio Macri prometió revisar el artículo.
Prórroga
La ley que obliga a funcionarios públicos a presentar su declaración jurada fue prorrogada por 60 días debido a que, según argumentaron desde el oficialismo, la magnitud de personas que debían entregar la documentación y los escasos tiempos administrativos impidieron que pudiera efectivizarse la norma en el plazo fijado inicialmente.
La medida alcanza a 55 mil empleados públicos de la Provincia, entre ellos funcionarios del Poder Ejecutivo, policías e integrantes del servicio penitenciario.
El decreto 647 publicado hoy en el Boletín Oficial establece en su artículo 5 bis que “los funcionarios, empleados y terceros que de algún modo vulneren el carácter y/o el contenido de estas declaraciones serán pasibles de las penas previstas por los artículos 157 y 157 bis del Código Penal según corresponda, siendo de aplicación toda otra sanción establecida en la normativa vigente”.
Las penas, de hasta dos años de prisión, alcanzan a aquellos que difundan información sobre las declaraciones juradas en su formato integral, que incluye precisiones sobre los bienes que la integran. Esta información quedará a resguardo de la Escribanía General de Gobierno. Si bien no habla directamente de la prensa, el término "terceros" incluye a periodistas y medios de comunicación.
El decreto establece que las declaraciones patrimoniales de carácter sintético, en tanto, serán públicas y su contenido podrá ser consultado por cualquier persona.
A nivel nacional, Cambiemos introdujo un artículo similar en el proyecto de ley de blanqueo de capitales. Dicho artículo, que generó el repudio de la oposición, contemplaba penas para aquellas personas que difundieran datos sobre quienes decidan ingresar en el blanqueo, lo que, según los bloques opositores, representaba un peligroso límite a la libertad de prensa. El presidente Mauricio Macri prometió revisar el artículo.
Prórroga
La ley que obliga a funcionarios públicos a presentar su declaración jurada fue prorrogada por 60 días debido a que, según argumentaron desde el oficialismo, la magnitud de personas que debían entregar la documentación y los escasos tiempos administrativos impidieron que pudiera efectivizarse la norma en el plazo fijado inicialmente.
La medida alcanza a 55 mil empleados públicos de la Provincia, entre ellos funcionarios del Poder Ejecutivo, policías e integrantes del servicio penitenciario.
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