- Política
- 08.06.2016
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La Gobernadora podría "revisar" el polémico decreto sobre DD.JJ.
María Eugenia Vidal dijo que está dispuesta a modificar el decreto que prevé sanciones penales para quienes divulguen el contenido de las declaraciones juradas de funcionarios.
La gobernadora María Eugenia Vidal dijo que si hay "alguna cuestión que generó dudas" en el polémico artículo que castiga penalmente a quienes difundan datos sobre el contenido de las declaraciones juradas integrales "será revisada".
Tras la polémica que generó publicación del decreto 647 por la inclusión del artículo 5 bis en la norma que obliga a funcionarios estatales, miembros del Poder Ejecutivo, policías e integrantes del servicio penitenciario a presentar sus declaraciones patrimoniales, Vidal se refirió al tema en su cuenta de Twitter y trató de relativizar la controversia.
"Si hay alguna cuestión técnica que generó dudas en el decreto vigente, será revisada", aseguró la mandataria, al tiempo que sostuvo que "el acceso a esta información es público y para todos, en el marco de las leyes vigentes".
"En marzo decidí que todos los funcionarios y los cargos jerárquicos de las fuerzas de seguridad presentaran sus declaraciones juradas públicamente. Esto antes no pasaba. La decisión sigue siendo la misma. Yo ya presenté mi declaración jurada y la mayoría de mi gabinete también lo hizo", agregó Vidal.
La polemica se desató luego de que el Gobierno bonaerense publicara en el Boletín Oficial el decreto 647, que establece en su artículo 5 bis que “los funcionarios, empleados y terceros que de algún modo vulneren el carácter y/o el contenido de estas declaraciones serán pasibles de las penas previstas por los artículos 157 y 157 bis del Código Penal según corresponda, siendo de aplicación toda otra sanción establecida en la normativa vigente”.
Las penas, de hasta dos años de prisión, alcanzan a aquellos que difundan información sobre las declaraciones juradas en su formato integral, que incluye precisiones sobre los bienes que la integran. Esta información quedará a resguardo de la Escribanía General de Gobierno. Si bien no habla directamente de la prensa, el término "terceros" incluye a periodistas y medios de comunicación.
El decreto establece que las declaraciones patrimoniales de carácter sintético, en tanto, serán públicas y su contenido podrá ser consultado por cualquier persona.
Tras la polémica que generó publicación del decreto 647 por la inclusión del artículo 5 bis en la norma que obliga a funcionarios estatales, miembros del Poder Ejecutivo, policías e integrantes del servicio penitenciario a presentar sus declaraciones patrimoniales, Vidal se refirió al tema en su cuenta de Twitter y trató de relativizar la controversia.
"Si hay alguna cuestión técnica que generó dudas en el decreto vigente, será revisada", aseguró la mandataria, al tiempo que sostuvo que "el acceso a esta información es público y para todos, en el marco de las leyes vigentes".
Si hay alguna cuestión técnica que generó dudas en el decreto vigente, será revisada.
— María Eugenia Vidal (@mariuvidal) 8 de junio de 2016
"En marzo decidí que todos los funcionarios y los cargos jerárquicos de las fuerzas de seguridad presentaran sus declaraciones juradas públicamente. Esto antes no pasaba. La decisión sigue siendo la misma. Yo ya presenté mi declaración jurada y la mayoría de mi gabinete también lo hizo", agregó Vidal.
La polemica se desató luego de que el Gobierno bonaerense publicara en el Boletín Oficial el decreto 647, que establece en su artículo 5 bis que “los funcionarios, empleados y terceros que de algún modo vulneren el carácter y/o el contenido de estas declaraciones serán pasibles de las penas previstas por los artículos 157 y 157 bis del Código Penal según corresponda, siendo de aplicación toda otra sanción establecida en la normativa vigente”.
Las penas, de hasta dos años de prisión, alcanzan a aquellos que difundan información sobre las declaraciones juradas en su formato integral, que incluye precisiones sobre los bienes que la integran. Esta información quedará a resguardo de la Escribanía General de Gobierno. Si bien no habla directamente de la prensa, el término "terceros" incluye a periodistas y medios de comunicación.
El decreto establece que las declaraciones patrimoniales de carácter sintético, en tanto, serán públicas y su contenido podrá ser consultado por cualquier persona.
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