La CPM denunció corrupción en el sistema carcelario de Olavarría

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció ante la Ayudantía Fiscal de Delitos Intracarcelarios de Olavarría a funcionarios del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que están a cargo de la unidad penal N° 2 de ese distrito.

Según se informó desde el organismo de derechos humanos, la causa caratulada como "cohecho activo" investiga al subdirector de la unidad, Roberto Carlos Paiz (que estuvo detenido la última semana a pedido de la fiscal) y a otros agentes penitenciarios.

La semana pasada la fiscal de Olavarría, Viviana Beytía, ordenó la detención de Paiz, acusado de cobrarle dinero a un ex jefe barrabrava detenido a cambio de mejorarle sus condiciones de alojamiento. Organizaciones sindicales de agentes penitenciarios manifestaron públicamente su rechazo a la medida y reclamaron el respeto de las "garantías constitucionales para todos los compañeros". Finalmente, Paiz fue excarcelado por orden del juez de garantías Carlos Villamarín, aunque la causa sigue su curso.

La investigación se originó por una denuncia que la CPM presentó ante la Ayudantía Fiscal de Delitos Intracarcelarios de Olavarría, a cargo de Lucas Moyano, mediante la cual se informaba que, según datos aportados por personas detenidas en la Unidad Nº 2 de Sierra Chica, las autoridades de esta Unidad participaban y convalidaban acciones ilegales contra los detenidos.

La denuncia fue promovida por la ayudantía fiscal y en ese marco se realizó el allanamiento en la Unidad 2, donde fueron encontrados una serie de elementos de prueba "muy precisos, claros y contundentes", que derivaron en la detención del subdirector de Asistencia y Tratamiento Roberto Carlos Paiz y la imputación de otros agentes penitenciarios.

"Durante más de diez años, como organismo de control y monitoreo de los lugares de encierro en la provincia de Buenos Aires, la CPM ha constatado cómo los hechos de corrupción constituyen prácticas extendidas y sistemáticas dentro del SPB", afirmó en un comunicado el organismo presidido por Adolfo Pérez Esquivel.

En ese sentido, remarcó que esos hechos de corrupción "son parte esencial en el agravamiento de las condiciones de encierro y la vulneración de los derechos humanos de las personas detenidas. En todos estos años, frente a este tipo de denuncias, el accionar habitual de la justicia fue no investigarlas. Esa impunidad no sólo ha amparado a los funcionarios públicos responsables de estos delitos, sino que al mismo tiempo promueve su continuidad e incremento", advirtió.

"Por eso resulta fundamental acompañar este tipo de investigaciones judiciales, que se inscriben en la lucha por el mejoramiento de las condiciones de vida y la defensa de los derechos humanos de todas las personas detenidas. Porque los delitos de corrupción dentro del SPB atentan contra la adecuada alimentación, el acceso a la salud, las óptimas condiciones de infraestructura y un régimen de vida digno", agregaron desde la CPM.

Asimismo, consideraron que "resulta imperioso fortalecer las políticas de investigación y sanción hacia adentro de la institución penitenciaria" y que los agentes penitenciarios "deben responder a cada acusación, a cada denuncia, como funcionarios públicos y agentes del Estado. En este sentido, es esperable que apoyen y promuevan una intervención plena de las instituciones judiciales para deslindar en cada caso las responsabilidades".

Según se informó, la CPM realizó un presentación a la procuradora General de Provincia, María del Carmen Falbo, apoyando la acción de la justicia en el caso Paiz y pidiendo el apoyo institucional para la investigación en curso.

"Resulta imperioso que la justicia asuma que la corrupción en el SPB es parte central del sistema de gobierno del encierro, para que se promuevan investigaciones judiciales como la que se inició en Olavarría. Las instituciones democráticas deben confrontar de manera clara y contundente con el respaldo corporativo que las organizaciones sindicales de los agentes penitenciarios han dado y siguen dando a los acusados frente a cada denuncia", añadieron desde el organismo.