La CPM mostró su preocupación por las prisiones domiciliarias a represores

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) manifestó su "preocupación" por las "reiteradas resoluciones judiciales" que le conceden la prisión domiciliaria a los represores de la última dictadura cívico-militar.

A través de un comunicado, el organismo de derechos humanos consideró que las condiciones de elevada edad y las razones de salud que alegan los militares "se deben a que la justicia ha tardado en llegar" a raíz de "la impunidad que lograron con levantamientos contra la democracia en asonadas militares y por la claudicación de gobiernos que desconocieron los caminos más certeros de consolidación de las libertades y los derechos humanos".

Asimismo, la CPM afirmó que la libertad de la que gozaron los represores durante más de 20 años "debe avergonzarnos como sociedad" porque "circularon como cualquiera de nosotros, cobraron sus sueldos y pensiones de retiro pagados por el erario público, disfrutaron de vacaciones y de sus familias sin ninguna restricción. Lo hicieron como ninguna de sus víctimas pudo hacerlo ni aun las que sobrevivieron".

La entidad presidida por Adolfo Pérez Esquivel sostuvo también que el trato que recibieron los represores ha sido "preferencial" ya que "de los 2.436 represores imputados desde 2006 por crímenes aberrantes, 937 (38,5%) fueron excarcelados por los jueces mientras tramitan sus causas y sólo 1.056 (43,3%) se encuentran detenidos. Pero de este total de detenidos, sólo 568 (54%) cumplen prisión efectiva, mientras que 462 (44%) gozan de arresto domiciliario".

"Un 44 por ciento de los detenidos por crímenes de lesa humanidad gozan de arresto domiciliario".

Por lo tanto, "sólo un 23 % del total de represores llevados ante la justicia -uno de cada 4- está efectivamente en prisión. Pero además estas detenciones se cumplen en mejores condiciones de detención y trato que las que actualmente recaen sobre el resto de los detenidos", agregó la CPM al advertir que "la gran mayoría de las personas que están dentro del sistema penal no acceden al debido proceso ni a condiciones dignas de detención".

"Las prisiones domiciliarias son las nuevas modalidades de la impunidad, como lo son también la demora en los procesos y la menor intensidad judicial para investigar y juzgar. Porque, además, en reiterados casos se ha constatado que los inadecuados sistemas de control permiten a los represores circular tranquilamente por las calles y realizar distintas actividades o paseos", alertaron desde la entidad de derechos humanos.

En ese sentido, el organismo afirmó que la prisión domiciliaria que el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata le concedió al genocida Miguel Etchecolatz "es una muestra del deterioro del proceso de justicia. Es imprescindible sumar a todo esto las circunstancias de la segunda desaparición de Jorge Julio López, en cuya trama aún impune Etchecolatz aparece como un elemento clave a investigar", manifestaron.

El comunicado concluye con un pedido para la Justicia: "Los genocidas deben terminar sus días en la cárcel. Los juicios por delitos de lesa humanidad deben acelerarse y profundizarse. Es de estricta justicia. Instamos a los jueces y fiscales a que sigan el camino que nos honra como sociedad: verdad, justicia y memoria".