La CPM exigió la "separación inmediata" del jefe del SPB

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) le exigió al gobierno de María Eugenia Vidal la "inmediata separación" de Fernando Díaz, jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que acaba de ser citado a prestar declaración indagatoria por presuntos hechos de corrupción.

El organismo recordó en un comunicado que Díaz, citado por el juez federal de Salta Miguel Antonio Medina, "está acusado, junto a otros 37 funcionarios del Servicio Penitenciario Federal, por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en concurso real con el delito de vejaciones".

Esa causa investiga "irregularidades millonarias" en el servicio de catering del complejo penitenciario federal de Salta que habrían derivado en un “régimen de hambre” para los detenidos, advirtieron desde la entidad. "En virtud de haberse implementado actualmente en el SPB un sistema de viandas similar al denunciado en el SPF, la CPM solicita con carácter urgente una auditoría externa", expresa el comunicado.

Díaz  fue llamado a prestar declaración indagatoria en el Juzgado Federal Nº 2 de Salta junto a otros 37 funcionarios de jerarquía del Servicio Penitenciario Federal entre los que se encuentra Emiliano Blanco, su actual jefe. 

"La causa, impulsada desde la Procuraduría contra la Violencia Institucional y la Fiscalía Federal Nº 2 de Salta, encontró motivo suficiente para sospechar que participaron en la comisión del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (art. 173 inc. 7 en función del art. 174 inc. 5° del C.P), en concurso real con el delito de vejaciones (art. 144 bis inc. 2º del C.P.)", alertaron desde la CPM.

Según los fiscales, “la deficitaria situación alimentaria, crónica y extendida que se acreditó en el Complejo Penitenciario Federal NOA” tiene relación con un escenario “plagado de irregulares contrataciones millonarias, gestionadas por las autoridades penitenciarias”. 

En concreto, Díaz está sospechado de participar de la maniobra delictiva por su rol de auditor general del SPF en ese momento ya que no solo no controló ni denunció sino que avaló las irregularidades delictivas en 40 expedientes.

Desde el organismo presidido por Adolfo Pérez Esquivel también solicitaron una "auditoría externa" en el SPB ya que desde el nombramiento de Díaz "se resolvió implementar un sistema de viandas similar al denunciado en esta causa federal".

"Sólo en 2015, el Registro Nacional de Casos de Tortura revela que el 72% de los detenidos entrevistados manifestó falta de alimentación. En el encierro la corrupción mata, y no sólo por cuestiones alimenticias: el acceso a la salud y el estado general de deterioro estructural de las unidades penitenciarias derivan de prácticas fraudulentas por parte de los funcionarios del SPB que, en la mayoría de los casos, la justicia ampara", manifestaron los miembros de la CPM.

Frente a la gravedad de la denuncia y el inminente avance de la causa, la entidad defensora de los derechos humanos solicitó al ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, que desplace a Díaz del cargo de jefe del SPB. "Sólo con decisiones políticas contundentes que penalicen y limiten la acción fraudulenta de los funcionarios responsables de administrar las instituciones de encierro en nuestro país se podrá a transformar este efectivo sistema de la crueldad que vulnera sistemáticamente los derechos humanos", finaliza el escrito.