VIOLENCIA POLICIAL

La CPM exige que se investigue la represión a los choferes

El organismo presidido por Pérez Esquivel apoyó el reclamo de los trabajadores de las líneas Este y 520 y pidió que Asuntos Internos determine la responsabilidad de quienes intervinieron en la represión.


La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) repudió la represión "desmedida" e "ilegítima" que sufrieron los trabajadores de las líneas de colectivos Este y 520 mientras reclamaban por derechos laborales y pidió que se investigue el hecho para determinar las responsabilidades de los agentes policiales que intervinieron.

Tras reunirse con los choferes reprimidos, los referentes del organismo se reunieron con los choferes reprimidos y solicitaron el acceso a las causas judiciales para constatar las lesiones que sufrieron y también hicieron una presentación en la Dirección de Asuntos Internos para determinar la responsabilidad de los policías que intervinieron en el "violento ataque".

"Los trabajadores fueron brutalmente golpeados con palos, incluso tirados en el piso, y también recibieron balazos con posta de goma a corta distancia. Cuando eran trasladados detenidos en camiones celulares fueron rociados nuevamente con gases lacrimógenos. Hubo un centenar de heridos, tres fueron hospitalizados y algunos, a diez días del hecho, siguen recibiendo atención médica", describió la CPM en un comunicado de prensa al recordar los sucesos ocurridos el 24 de octubre en el kilómetro 8 de la ruta 11, donde la empresa tiene sus galpones.

La entidad presidida por Adolfo Pérez Esquivel cuestionó la participación de la Policía Local en la represión, ordenada por el juez de Garantías, Juan Pablo Masi. "Cabe destacar, igual que lo hemos hecho en otras oportunidades, que la Policía Local fue creada como policía de proximidad y sus objetivos no concuerdan con la intervención en procedimientos represivos tales como manifestaciones, desalojos u otros similares", señalaron.

Asimismo, el organismo de derechos humanos se hizo eco de las denuncias de suspensiones y despidos injustificados por parte de los nuevos dueños de la empresa y apoyó el reclamo de los choferes por su estabilidad laboral y por mejores condiciones de trabajo.

"Ante todo esto, la Comisión Provincial por la Memoria denuncia la represión sufrida y exige que se tomen las medidas necesarias para determinar las responsabilidades por el violento ataque. Y, por otro lado, expresa su solidaridad con los reclamos laborales de los trabajadores que no hace sólo al respeto de sus derechos sino también al resguardo y seguridad de todos los pasajeros", sostuvieron los referentes de la entidad.

Por último, manifestaron que "las autoridades municipales son responsables por el transporte público y deben intervenir en este conflicto de manera urgente, para preservar los puestos de trabajo y garantizar una óptima prestación del servicio".

De la reunión con los trabajadores participaron el secretario de la CPM, Roberto Cipriano García, la directora general, Sandra Raggio, y el director del programa Justicia y Seguridad Democrática, Rodrigo Pomares.


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