EN EL MARCO DE UN PLAN FEDERAL DE VIVIENDAS

Piden la indagatoria de Posse por corrupción en un plan de viviendas

Lo solicitó el fiscal federal Jorge Di Lello. Informó que sólo se construyeron 44 viviendas de las 250 proyectadas. El perjuicio al Estado rondaría los 30 millones de pesos.


El fiscal federal Jorge Di Lello pidió hoy la indagatoria del intendente de San Isidro, Gustavo Posse, por presunta defraudación en la construcción de viviendas en dicha localidad mediante fondos públicos a través del Plan Federal de Viviendas.

Di Lello solicitó al juez federal Sebastián Ramos que se indague a Posse y a otros imputados por supuesta defraudación contra la administración pública por la falta de construcción de viviendas en el barrio "Martín y Omar".

Según la denuncia, debían edificarse 250 casas en el marco del Plan Federal de Viviendas pero sólo se hicieron 44, pese a lo cual los certificados de obra dieron cuenta de que el 99,44 por ciento de las viviendas habían sido terminadas.

El fiscal advirtió que Posse "estaba obligado como máxima autoridad municipal a velar porque los fondos del Plan Federal de Viviendas se aplicaran a los pagos de la obra para los que estaban destinados, en base a las rendiciones de cuenta y pedidos de entregas parciales según el avance de las obras".

A partir de una inspección que realizó en persona, Di Lello constató las irregularidades en la ejecución de las obras. "Al llegar al lugar fue posible advertir que las calles del barrio son de tierra y que no tienen veredas. Además, las viviendas no cumplen con las normas previstas en los estándares mínimos de calidad para viviendas de interés social elaboradas por la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación", sostuvo.

Di Lello también pidió la indagatoria de funcionarios del área de Obras Públicas de la Municipalidad y de los directivos de las firmas Soluciones Urbanas SRL, de la empresa EMACO, de Inelco, y de Construcciones Ecológicas. También pidió indagar a quien era por entonces supervisora de Obras del Instituto de la Vivienda bonaerense, María de los Angeles Polantinos.

Según informes incorporados en la causa, las 44 viviendas construidas representaron el 17,6 por ciento del total, por lo que el perjuicio al Estado Nacional rondaría los 31 millones de pesos, informó la agencia Télam.


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