El radicalismo bonaerense repudió el fallo de la Corte Suprema

El Comité Provincia de la Unión Cívica Radical criticó el fallo de la Corte Suprema sobre el 2x1 a los genocidas al afirmar que implica "un grave retroceso en la política de Estado" y que “soslaya un principio fundamental como lo es el de la no regresión en la materia en delitos de lesa humanidad”.

“Este fallo implica un grave retroceso en la política de Estado en materia de derechos humanos, soslayando un principio fundamental como lo es el de la no regresión en la materia”, expreso a través de un comunicado el radicalismo bonaerense.

Los radicales consideraron que el fallo “modifica el principio respecto a que, en los delitos de lesa humanidad, no hay posibilidad de amnistía ni de indulto, ni se aplica a ellos el instituto de la prescripción, además de que su persecución forma parte de los objetivos de la legislación internacional, a la que la Argentina adhiere”.

“Consideramos que este fallo atenta contra la conciencia jurídica y democrática de nuestro pueblo, conciencia que ha sabido permanecer intacta más allá de las dificultades que ha atravesado el país”, manifestaron.

“Si la Argentina ha sabido mantener una política de Estado, esta es la política de DD.HH. vinculada a la última dictadura militar, y esto ha sido así por el permanente compromiso de todas las instituciones democráticas que, con el apoyo irrestricto del pueblo argentino, no han cedido ante presiones ni amenazas”, expresaron en el documento.

“Esperamos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, junto a todo el arco democrático y al pueblo argentino, una nueva postura en este tema, para no alterar el resultado del compromiso, la lucha y los sacrificios que los argentinos hemos sabido sostener en pos de la defensa de la democracia desde 1983”, finalizaron.

Por su parte, el diputado de Cambiemos y secretario General de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad, se pronunció "categóricamente" en contra de la decisión de la Corte Suprema. En un comunicado, recordó el "coraje" del ex presidente Raúl Alfonsín y denunció que “este fallo es un fuerte retroceso en el camino iniciado por nuestro país en la materia de derechos humanos, desde el histórico juicio a los comandantes celebrado en 1985".

“El espíritu que impulsó a Alfonsín en aquel momento, y también al derogar Decreto Ley de Autoamnistía que había dictado la Dictadura Militar fue, por un lado el de no consolidar la impunidad para los responsables del genocidio; y por el otro, no beneficiar en materia penal a los autores de delitos de lesa humanidad”, enfatizó el legislador.

“Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y los acusados y condenados por este tipo de delitos no pueden beneficiarse por institutos tales como el indulto, la conmutación de penas o la amnistía, cosas en las que nuestro máximo Tribunal ya ha se ha pronunciado, declarando inconstitucionales no sólo los indultos sino las Leyes de Obediencia debida y punto final, fundados en que ésos institutos son inaplicables a los delitos de lesa humanidad", manifestó Abad.

Por tal motivo, consideró "inadmisible la aplicación de la Ley Penal más benigna a los condenados por delitos de Lesa Humanidad, porque toda la orientación legal, jurisprudencial y doctrinaria está orientada a excluir cualquier tipo de beneficios a los que cometieron éstos delitos amparados por la propia estructura del Estado”.