La CPM denunció que la Bonaerense hace "razzias" en colectivos

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció que la Policía Bonaerense hace "razzias" en los colectivos y que requisa de manera "ilegal" y "violenta" a los pasajeros, al tiempo que criticó al gobierno de Cambiemos por su política "criminal". 

A través de un comunicado, la CPM repudió el operativo realizado el fin de semana en la estación de Quilmes, donde los agentes detuvieron micros, hicieron bajar a los pasajeros y "los cachearon y requisaron de manera violenta". La entidad recordó que la misma práctica "ilegal y arbitraria" también había sido denunciada antes en las localidades de La Plata, Berisso, Ensenada y Esteban Echeverría.

"Estos hechos que pretenden ampararse en la excusa del combate del delito constituyen una vulneración de derechos y están fuera de cualquier marco democrático", expresaron desde el organismo de derechos humanos en un comunicado.

La CPM precisó que el operativo policial en Quilmes se concentró en las líneas 263 y 281. Los policías obligaban a bajar a los pasajeros, les ponían las manos contra el vehículo, revisaban todas las pertenencias y exigían documentos.

Según advirtió el organismo, estos episodios "dan cuenta de la extensión de prácticas policiales arbitrarias que irrumpen en la vía pública vulnerando derechos y garantías constitucionales a circular libremente, a la presunción de inocencia y a la intimidad de las personas".

"Resulta evidente que frente a la creciente demanda social por mayor seguridad y bajo la excusa de querer dar la pelea contra el delito, la política criminal del gobierno y del Ministro de Seguridad Cristian Ritondo refuerza una orientacion que ya ha probado su ineficacia: la mano dura", sostuvo la entidad presidida por Adolfo Pérez Esquivel.

En ese marco, subrayó que "lo único que ha logrado la saturación territorial de efectivos, móviles cámaras, retenes y razzias es ampliar los márgenes de arbitrariedad para la acción policial en el territorio, lo que la consolida como una fuerza ingobernable que violenta los derechos de los ciudadanos".

El organismo de derechos humanos planteó que "los delitos complejos, que son los que realmente deberían ser perseguidos, no se reducen, porque esta política, que una vez más vuelve a promoverse, sólo persigue a los eslabones más débiles de la cadena".

"La definición y promoción de este tipo de políticas propician la violencia estatal, aumentan el divorcio entre seguridad pública y derechos humanos y resultan ineficientes para incidir en el desarrollo de mercados ilegales y el delito complejo", concluyeron desde la CPM, a la vez que anunciaron que harán una serie de presentaciones ante el Ministerio de Seguridad y en la Legislatura para detener estas prácticas.