El Colegio de Farmacéuticos rechaza la llegada de Farmacity

El Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aries manifestó su preocupación y rechazo ante el posible desembarco de Farmacity en la Provincia. La entidad denunció que existen "presiones políticas" por parte de Cambiemos para favorecer a la empresa y advirtió que su llegada "pondría en riesgo la dispensa de medicamentos".

Los farmacéuticos difundieron un comunicado ante la decisión de la Corte Suprema de Justicia de revisar el reclamo de Farmacity, que fue rechazado por la Suprema Corte bonaerense. La empresa busca declarar inconstitucionales dos artículos de la ley 10.606, que regula la actividad farmacéutica en la Provincia.

"Repudiamos y rechazamos que se vulnere la ley y se haga a la medida de una sola empresa que además pondría en riesgo la dispensa de medicamentos. Nos preocupa que haya presiones políticas para intentar atropellar las instituciones democráticas de la Provincia", manifestaron desde el Colegio de Farmacéuticos.

Señalaron en ese marco que la ley 10.606 promueve la instalación de farmacias en barrios y localidades pequeñas y garantiza que los medicamentos no se mezclen con otro tipo de mercaderías, en contra del modelo de "farmacia shopping" que busca imponer Farmacity.

Asimismo, recordaron que el planteo de la cadena ya recibió fallos desfavorables en primera y segunda instancia y una resolución unánime del máximo tribunal bonaerense.

Los farmacéuticos denuncian que detrás de la llegada de Farmacity hay un conflicto de intereses que involucra al gobierno de Mauricio Macri. Mario Quintana, vicejefe de Gabinete de la Nación, fue CEO de la cadena farmacéutica y, de acuerdo a la denuncia del Colegio, ejerce presiones desde su cargo en el Gobierno para instalar el "modelo shopping".

El conflicto de intereses llega incluso a la propia Corte Suprema: Carlos Rosenkrantz, juez nombrado a instancias del macrismo, fue el abogado de Farmacity en las instancias judiciales anteriores.

Frente a esto, los farmacéuticos alertaron sobre "la pérdida de independencia y soberanía del Estado bonaerense si la justicia federal puede modificar o suspender la aplicación de una normativa que lleva tres décadas de aplicación".