Los judiciales realizan un paro contra la represión y las leyes de Vidal

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) realiza un paro total para repudiar la represión en el Congreso y en la Legislatura bonaerense y el avance del paquete de leyes impulsado por María Eugenia Vidal.

En concreto, el gremio dispuso la medida de fuerza "ante el avance de las graves reformas previsionales impulsadas a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires, la represión padecida por trabajadores y trabajadoras y la inminente aprobación de la ley que habilita al Ejecutivo provincial a disponer libremente de fondos propios del IOMA". También realiza el paro en repudio a la adhesión a la ley de Riesgos de Trabajo, aprobada ayer en el Senado.

“Es muy grave la situación que atravesamos en estos días los trabajadores y trabajadoras. Las movilizaciones que protagonizamos pacíficamente en rechazo a las reformas previsionales fueron salvajemente reprimidas en La Plata y Buenos Aires. Tenemos a nuestro compañero Rubén Ledesma herido por una bala de goma”, expresó Pablo Abramovich, secretario general de la AJB.


“A eso tenemos que sumarle la aprobación en la Legislatura de la adhesión a la reforma nefasta de la ley de ART, y al avance en el tratamiento de una ley que autoriza al Ejecutivo a apropiarse de recursos del IOMA, que no son del Estado sino de los trabajadores y trabajadoras estatales. Por todo esto no podemos tener otra respuesta que volver al paro”, agregó el dirigente gremial.

Las críticas a las leyes de Vidal

Desde AJB repudiaron la adhesión a la ley de ART y denunciaron que "profundiza las trabas para que los trabajadores y trabajadoras accedan en tiempo oportuno a la reparación integral frente a un accidente de trabajo o una enfermedad profesional".

También alertaron que la reforma de la ley de Ministerios "le otorga al Gobierno de manera encubierta la prerrogativa de disponer del superávit del IOMA con el fin de destinarlo a cubrir proyectos de acceso a la salud, que debería cubrir con fondos propios de la Provincia".

“El IOMA es la obra social de los estatalesy su patrimonio social les pertenece en exclusividad. Ninguna ley puede permitir que el Estado, aprovechándose del manejo administrativo de los recursos del IOMA, los desvíe a otros fines que deberá atender con otros recursos. Esa norma es inconstitucional, viola nuestros derechos laborales y humanos y es nula de nulidad manifiesta”, señaló Oreste Poggi, director de Servicios Sociales de la AJB.