"La única 'casa' de los genocidas es la cárcel"

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) repudió el otorgamiento de la prisión domiciliaria a Miguel Etchecolatz y alertó que la decisión del Tribunal Oral Federal 6 se inscribe en "un escenario de regresión en el proceso de justicia" en las causas de lesa humanidad.

"Etchecolatz se va a su casa sin decir dónde está Clara Anahi, la nieta que Chicha Mariani sigue buscando; o los cientos de nietas y nietos apropiados. Etchecolatz se va a su casa mientras Jorge Julio López sigue desaparecido por dar testimonio de sus crímenes", expresaron desde la CPM en un comunicado.

El organismo de derechos humanos cuestionó los argumentos utilizados por los jueces del TOF 6 José Martínez Sobrino, Julio Luis Panelo y Fernando Canero. "Los jueces fundamentaron su decisión en su elevada edad y razones de salud. Ambas condiciones se deben a que la justicia ha tardado en llegar. Esto se explica en la impunidad que lograron con levantamientos contra la democracia en asonadas militares y por la claudicación de gobiernos que desconocieron los caminos más certeros de consolidación de las libertades y los derechos humanos", señaló.

En ese marco, la entidad conducida por Adolfo Pérez Esquivel recordó que la "demora judicial" en las causas por crímenes de lesa humanidad les permitió a los genocidas "gozar (jóvenes y sanos) de más de 20 años de libertad". "Ese privilegio debe avergonzarnos como sociedad pues circularon como cualquiera de nosotros, cobraron sus sueldos y pensiones de retiro pagados por el erario público, disfrutaron de vacaciones y de sus familias sin ninguna restricción", cuestionó el organismo.

Asimismo, desde la CPM alertaron que la domiciliaria a Etchecolatz y a otros genocidas "se inscribe en un escenario de regresión en el proceso de justicia". Recordaron en ese sentido el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el 2x1 a los represores, que provocó una multitudinaria marcha de repudio en Plaza de Mayo y en distintos puntos del país.

"Debemos insistir en que los imputados por delitos de lesa humanidad han tenido un justo y debido proceso, y el trato dispensado por la justicia ha sido preferencial: de los 2.971 represores imputados desde 2006 por crímenes aberrantes, 1.064 se encuentran detenidos: 533 se encuentran con arresto domiciliario y 531 con arresto en dependencias del Servicio Penitenciario Federal o de otra fuerza", precisaron desde la entidad de derechos humanos.

A su vez, subrayaron: "Las prisiones domiciliarias son las nuevas modalidades de la impunidad, como lo son también la demora en los procesos y la menor intensidad judicial para investigar y juzgar. Porque, además, en reiterados casos se ha constatado que los inadecuados sistemas de control permiten a los represores circular tranquilamente por las calles y realizar distintas actividades o paseos".

"Los genocidas deben terminar sus días en la cárcel. Los juicios de lesa humanidad deben acelerarse y profundizarse. Instamos a los jueces y fiscales a que sigan el camino que nos honra como sociedad: verdad, justicia y memoria", concluyó la CPM.