Organismos de DD.HH. fijarán posición ante el proyecto de emergencia en seguridad en la Provincia

Organismos de derechos humanos brindarán una conferencia de prensa el próximo lunes en el marco de la presentación del documento "Agenda social y mínima para la seguridad en la provincia de Buenos Aires", que será entregado a la gobernadora María Eugenia Vidal y al ministro de Seguridad, Cristian Ritondo.

De la actividad, que se llevará a cabo a las 10 en las instalaciones de la CTA La Plata, ubicada en 6 n° 736 entre 46 y 47, participarán el Colectivo de Investigaciones y Acción Jurídica (CIAJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Miguel Bru y otros organismos e instituciones de derechos humanos provinciales y nacionales.

Según informaron desde el CIAJ en un comunicado, el documento del que se hará entrega contempla cuatro ejes sobre la seguridad: el preventivo; el represivo; el investigativo-judicial y el vinculado a delitos complejos.

De acuerdo a lo anticipado desde las organizaciones que elaboraron esta declaración, “estos ejes y puntos desagregados no reflejan en su totalidad el paradigma al que desde nuestras diferencias adherimos, sino el piso mínimo, nuestros acuerdos básicos y el lineamiento social irrenunciable frente a los amplios saldos negativos que se sostienen y acrecientan en materia de Seguridad Democrática y que creemos necesario dar pronta respuesta en esta nueva gestión”.

El documento firmado por un amplio espectro de organizaciones e instituciones de DD.HH. pretende ser una respuesta social al proyecto de emergencia en seguridad elevado a la Legislatura provincial por Vidal. Dicho proyecto faculta al Ministerio de Seguridad a adoptar “en forma inmediata todas las medidas que resulten necesarias para el logro de la finalidad” establecida en la declaración de emergencia, “pudiendo proceder a la reorganización y planificación de los aspectos de gestión, operativos y funcionales de recursos humanos y materiales del sistema de Seguridad Pública provincial”.

“Entendemos que las principales políticas públicas que el Estado debe gestionar en pos de una sociedad más segura, no tienen que ver exclusivamente con el manejo de fuerzas de seguridad o de variables punitivas sino con políticas sociales", remarca el documento.

En ese marco, agrega que "el contexto "de emergencia" sobre el que se han desarrollado en estos últimos años las políticas y el discurso institucional que apuntan a penas más duras y a un mayor policiamiento, no han significado mejoras en materia de seguridad ni una disminución de la violencia. Por el contrario, estas políticas -que se alimentan de sus fracasos y que tienen una importantísima circulación mediática acrítica- han implicado una profundización del autogobierno policial y un progresivo aumento en la vulneración de derechos", concluye.