Casanello sobreseyó a Macri en la causa por las escuchas ilegales

El juez federal Sebastián Casanello sobreseyó Mauricio Macri en la causa por escuchas telefónicas ilegales al entender que no hay pruebas para enviarlo a juicio oral. El Presidente llevaba cinco años y medio procesado.

En el fallo firmado esta mañana, el magistrado afirma que corresponde "desvincular definitivamente a Mauricio Macri" de esta investigación porque no hay "siquiera una prueba directa" que acreditara que el líder de Cambiemos había ordenado escuchar a su cuñado, Néstor Leonardo, ni al opositor y familiar de víctimas del atentado a la AMIA, Sergio Burstein.

En ese sentido, entendió que hay una diferencia entre las responsabilidades "políticas y las responsabilidades penales" y que la tarea de la Justicia es reunir prueba para penar estas últimas. 

Casanello consideró además que tampoco hay pruebas suficientes para "adjudicarle formar parte de unas asociación ilícita dedicada al espionaje clandestino".

De esta forma, al revocar el procesamiento del Jefe de Estado, el juez tuvo en cuenta el dictamen del fiscal federal Jorge Di Lello, que a principios de mes pidió sobreseerlo en la causa por las escuchas ilegales. Ahora, el fallo de Casanello podría ser apelado por alguna de las dos querellas ante la Cámara Federal porteña.

La causa por las escuchas ilegales se inició a finales de 2009, cuando Sergio Burstein denunció penalmente que estaba siendo espiado y amenazado por la Policía. El primero de los detenidos fue Ciro James, un abogado y miembro de la fuerza, acusado de realizar escuchas telefónicas ilegales por orden del ex comisario Jorge "Fino" Palacios, tras habérsele encontrado dos aparatos para intervenir teléfonos.

El 14 de mayo de 2010, el juez Norberto Oyarbide procesó a ambos por considerarlos partícipes necesarios de una asociación ilícita. Ese mismo mes, se ordenaron los procesamientos del ex ministro de Educación, Mariano Narodowski, y del por entonces jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri, este último por los delitos de violación de secretos, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos.