Finalizaron las jornadas "Justicia y Lucha contra la impunidad"

El bloque de senadores bonaerenses del Frente para la Victoria (FpV) desarrolló la segunda y última jornada del ciclo "Justicia y Lucha contra la impunidad", organizado en el marco del 40° aniversario del último golpe cívico-militar para poner en tela de juicio la complicidad civil con el régimen y el analizar el avance de los juicios por crímenes de lesa humanidad.

Durante la apertura, la jefa del bloque kirchnerista, Magdalena Sierra, reivindicó la política de derechos humanos impulsada por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, al tiempo que advirtió que "actualmente vemos el regreso de la represión a la protesta social a la vez que vuelven a instalarse discursos como la teoría de los dos demonios, que creíamos ya superada".

Tras la presentación de Sierra, se llevaron a cabo los paneles "Avances y desafíos en las causas de lesa humanidad" y "Complicidades empresariales y civiles con la dictadura militar", de los que participaron representantes del Poder Judicial, ex funcionarios y militantes de derechos humanos.

En el primer panel, el juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Plata, Carlos Rozanski, resaltó que "el origen y la finalidad del terrorismo de Estado fue la instalación de un proyecto económico" y abordó la complicidad del Poder Judicial en la dictadura militar.

"El terrorismo de Estado se montó sobre una estructura judicial ya existente. Las dictaduras militares no necesitaron crear una justicia nueva, ni necesitaron convencer a los jueces: ellos ya estaban convencidos", destacó el magistrado.

A su turno, el fiscal General ante los Tribunales Orales Federales de La Plata, Hernán Schapiro, detalló algunos de los obstáculos que se presentan a la hora de darle continuidad a los juicios contra la represión ilegal. ​"Estos obstáculos pueden ser sutiles, como la falta de financiamiento, el vaciamiento de las instituciones que colaboran con los tribunales, o la cesación de los contratos del personal", señaló.

A su vez, subrayó que "tenemos dos desafíos: acelerar los procesos existentes y estar atentos para evitar cualquier tipo de maniobra expresa o sutil que pueda obstruir el avance de los procesos de memoria, verdad y justicia".

Más tarde, en el segundo panel, el ex titular de la Unidad de Información Financiera, José Sbattella, aseguró que "Argentina es el único país que pudo llevar adelante un proceso de Memoria, Verdad y Justicia sin acudir a organismos internacionales", aunque consideró que "la posibilidad de juzgar la complicidad civil y empresarial demoró en llegar".

"El Estado argentino ya inició la reparación material para las víctimas, pero absurdamente los bienes que les fueron sustraídos en el marco del terrorismo de Estado aún están en manos de sus apropiadores", agregó.

​Por su parte, el ex subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Luis Alén, aseguró que "algunos empresarios fueron parte del plan económico de la dictadura y hoy son parte del gobierno de Mauricio Macri. Ayer fueron socios en la dictadura y hoy quieren asegurar la impunidad a futuro", concluyó.

Emanuel Lovelli, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, se refirió al plan sistemático de apropiación de menores y aseguró que "hubo un sector de la sociedad civil que apoyó la dictadura para que ese plan se llevara a cabo" y recordó la participación de la jerarquía de la Iglesia Católica en ese proceso.

Para finalizar, Matías Moreno, querellante en la causa Loma Negra detalló la complicidad empresarial durante la dictadura y manifestó que "el golpe, en términos políticos, vino a sustituir una matriz nacional y popular por una liberal".