Gastón se reunió con legisladores del FR para diseñar un auxilio financiero para Chascomús

Legisladores del Frente Renovador se reunieron ayer con el intendente de Chascomús, Javier Gastón, para diseñar estrategias de auxilio económico para el distrito luego de que se conociera la resolución de la Corte Suprema que obliga al municipio a pagarle 100 millones de pesos a dos vecinas que en una rifa ganaron un campo que nunca pudieron escriturar.

Durante el encuentro, los dirigentes massistas se comprometieron a presentar proyectos de pedidos de informes, a avanzar en la creación de un fondo de reparación histórica por la separación de Chascomús y Lezama y a determinar si “la Provincia debía o no intervenir, teniendo en cuenta que el gobierno bonaerense es co-responsable de la situación”.

El titular del bloque en Diputados, Juan Amondarain, sostuvo que desde el FR "tomamos el tema con urgencia" y que "vamos a hacer todo lo posible para ayudar a la gestión actual", aunque advirtió que "el que tiene que dar las respuestas es el gobierno de la Provincia”.

Por su parte, el senador Gabriel Pampín sostuvo que "dada la magnitud del problema que atraviesa Chascomús, consideramos que es trascendental poner en agenda legislativa su situación y comprometernos a trabajar mancomunadamente para darles una solución".

En tanto, el intendente Gastón lamentó que la disposición de la Corte obligue "sólo a Chascomús a pagar el juicio que data del año 1995, cuando también estaba involucrado Lezama". En ese sentido, precisó que durante la reunión con los legisladores renovadores "avanzamos en la posibilidad de sacar una Ley de reparación histórica por la división de Lezama ya que nunca se terminó de integrar y hoy nos está generando problemas".

Asimismo, consideró que la Provincia "es la primera responsable" pero "hasta ahora no ha hecho nada al respecto". “Buscamos determinar por qué el Estado no intervino cuando debió intervenir, cuando fue el primer involucrado a la hora de hacerse cargo de la deuda que se generó por la rifa", manifestó el jefe comunal.

Además de Amondarain y Pampín, estuvieron presentes en la reunión con el alcalde los senadores Sebastián Galmarini y Malena Baro y el diputado Ramiro Gutiérrez.

El caso

El conflicto comenzó en 1995, cuando Sonia Della Vedova y Clorinda del Carmen Gallegos ganaron un terreno de 327 hectáreas en un sorteo organizado por tres escuelas rurales que tenía el aval de la Municipalidad y del Consejo Escolar. Sin embargo, nunca pudieron escriturar el campo porque sólo contaba con un boleto de compra venta tramitado por un particular.

Las vecinas iniciaron en 1998 una acción judicial que concluyó con el rechazo de la Corte al recurso extraordinario presentado por el municipio, que fue notificado de la resolución el viernes pasado. Una de las demandantes falleció este año, por lo que sus herederos serán acreedores de la cifra que le corresponde por el premio y la indemnización.

Tras enterarse de la disposición de la Corte, Gastón señaló que la Provincia es "en parte responsable" porque en aquel momento "el Consejo Escolar autorizó la rifa"; además, advirtió que Lezama "también debería hacerse cargo" ya que por aquellos años "formaba parte de Chascomús".