- Política
- 31.05.2016
AUMENTO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Ordenan convocar a una audiencia pública para revisar las tarifas de gas
El juez federal Alberto Recondo instó al Enargas a convocar a una audiencia pública en el plazo máximo de 20 días para establecer un nuevo esquema tarifario. Diputados del FpV celebraron el fallo.
A raíz de un recurso de amparo presentado por diputados provinciales del Frente para la Victoria (FpV) y por la ONG Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), el titular del Juzgado Federal N° 4, Alberto Recondo, instó al Ente Nacional Regulador del Fas (Enargas) a realizar la correspondiente audiencia pública para acordar un nuevo cuadro tarifario.
Recondo se expidió sobre la irregularidad del aumento que rige en la facturación de los últimos dos meses en el sistema de gas y estableció que el Ministerio de Energía de la Nación debe llamar a una audiencia pública en los próximos 20 días. En caso de que la cartera conducida por Juan José Aranguren no cumpla con la sentencia, la Justicia dejará sin efecto los aumentos realizados y ordenará retrotraer las tarifas al 31 de marzo.
“Más allá de lo positivo de la decisión tomada por el juez, presentaremos una apelación al fallo para que hasta tanto no tenga lugar la audiencia, se deje sin efecto el aumento", sostuvo el diputado José Ottavis, al tiempo que remarcó que "resulta imprescindible que no tenga efecto el aumento mientras se espera la realización de la audiencia pública, ya que ningún vecino puede esperar frente una realidad económica que angustia y agobia todos los días”.
Por su parte, la diputada Marisol Merquel señaló que “desde el primer momento solicitamos la realización de la audiencia pública para que todos los afectados, las asociaciones de consumidores y la ciudadanía en general puedan tener participación en esta medida que se ha tomado y que afecta directamente a todas las familias de la Argentina”.
De la misma manera, Rocío Giaccone remarcó que “el aumento desmedido que establecieron (el presidente Mauricio) Macri y el ministro Aranguren no sólo elimina completamente el subsidio sino que propone una tarifa de gas más cara de lo que sale producirlo”.
Además, aseguró que “estamos muy preocupados por el impacto que tiene este aumento en los sectores productivos, vemos que muchas PyMEs y comercios se ven afectados con los incrementos que recibieron en la última factura del servicio de gas”.
A su vez, Juan Manuel Cheppi consideró que "lo que demuestra la sentencia de Recondo es que el reclamo era justo porque estas medidas tienen un impacto negativo en muchos sectores y representan un feroz ajuste para el pueblo trabajador”.
En tanto, Juan Debandi recordó que “este aumento de la tarifa indiscriminado, que no sólo afecta a la provincia de Buenos Aires, repercute en los precios, en el bolsillo de las personas y en las instituciones. En este último caso vimos cómo los clubes de barrio se vieron vulnerados por las altas facturas y creemos que esto no puede ser indiferente para el Gobierno provincial y nacional”, agregó.
Por último, Aníbal Regueiro subrayó que “siempre dijimos que el objetivo de este amparo era poder avanzar en una audiencia pública y ahora que el Juez Recondo reconoce la ilegalidad del aumento, esperemos que se revierta esta medida que con mucho esfuerzo hemos tratado de frenar con las ONGs, intendentes y diputados del Frente para la Victoria”.
El amparo presentado por los diputados del Frente para la Victoria tuvo el apoyo de intendentes y concejales kirchneristas, además de 60 mil firmas de ciudadanos bonaerenses que solicitaron la realización de la audiencia pública y la suspensión de los aumentos establecidos. También contó con el respaldo de asociaciones nacionales de consumidores y federaciones económicas que nuclean a PyMEs y cámaras de comercios de la provincia de Buenos Aires.
Recondo se expidió sobre la irregularidad del aumento que rige en la facturación de los últimos dos meses en el sistema de gas y estableció que el Ministerio de Energía de la Nación debe llamar a una audiencia pública en los próximos 20 días. En caso de que la cartera conducida por Juan José Aranguren no cumpla con la sentencia, la Justicia dejará sin efecto los aumentos realizados y ordenará retrotraer las tarifas al 31 de marzo.
“Más allá de lo positivo de la decisión tomada por el juez, presentaremos una apelación al fallo para que hasta tanto no tenga lugar la audiencia, se deje sin efecto el aumento", sostuvo el diputado José Ottavis, al tiempo que remarcó que "resulta imprescindible que no tenga efecto el aumento mientras se espera la realización de la audiencia pública, ya que ningún vecino puede esperar frente una realidad económica que angustia y agobia todos los días”.
Por su parte, la diputada Marisol Merquel señaló que “desde el primer momento solicitamos la realización de la audiencia pública para que todos los afectados, las asociaciones de consumidores y la ciudadanía en general puedan tener participación en esta medida que se ha tomado y que afecta directamente a todas las familias de la Argentina”.
De la misma manera, Rocío Giaccone remarcó que “el aumento desmedido que establecieron (el presidente Mauricio) Macri y el ministro Aranguren no sólo elimina completamente el subsidio sino que propone una tarifa de gas más cara de lo que sale producirlo”.
Además, aseguró que “estamos muy preocupados por el impacto que tiene este aumento en los sectores productivos, vemos que muchas PyMEs y comercios se ven afectados con los incrementos que recibieron en la última factura del servicio de gas”.
A su vez, Juan Manuel Cheppi consideró que "lo que demuestra la sentencia de Recondo es que el reclamo era justo porque estas medidas tienen un impacto negativo en muchos sectores y representan un feroz ajuste para el pueblo trabajador”.
En tanto, Juan Debandi recordó que “este aumento de la tarifa indiscriminado, que no sólo afecta a la provincia de Buenos Aires, repercute en los precios, en el bolsillo de las personas y en las instituciones. En este último caso vimos cómo los clubes de barrio se vieron vulnerados por las altas facturas y creemos que esto no puede ser indiferente para el Gobierno provincial y nacional”, agregó.
Por último, Aníbal Regueiro subrayó que “siempre dijimos que el objetivo de este amparo era poder avanzar en una audiencia pública y ahora que el Juez Recondo reconoce la ilegalidad del aumento, esperemos que se revierta esta medida que con mucho esfuerzo hemos tratado de frenar con las ONGs, intendentes y diputados del Frente para la Victoria”.
El amparo presentado por los diputados del Frente para la Victoria tuvo el apoyo de intendentes y concejales kirchneristas, además de 60 mil firmas de ciudadanos bonaerenses que solicitaron la realización de la audiencia pública y la suspensión de los aumentos establecidos. También contó con el respaldo de asociaciones nacionales de consumidores y federaciones económicas que nuclean a PyMEs y cámaras de comercios de la provincia de Buenos Aires.
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