Del "Ni una menos" al "Vivas nos queremos"

Aquello que germinó en el parque de la Biblioteca Nacional en una maratón de lectura contra los femicidios y luego se expandió en las redes sociales ya forma parte del calendario de lucha feminista. La visibilización de las violencias machistas avanzó casilleros pero varios de los reclamos que se exigieron continúan inmóviles y sin presupuesto acorde. En el primer aniversario de Ni una menos, un repaso por los avances, las deudas y el panorama actual en materia de políticas públicas.

Vivas nos queremos será el vector de la marcha principal desde Congreso a Plaza de Mayo. Así lo decidieron organizaciones sociales, políticas, redes de periodistas, activistas agrupadas y sueltas en una serie reuniones abiertas. En esta oportunidad, la propuesta para marchar no surgió de un grupo cerrado. Y esta vez la despenalización y legalización del aborto es uno de los reclamos centrales: el caso de Belén, la tucumana condenada a ocho años de prisión acusada de asesinato por haber tenido un aborto espontáneo, obligó a poner el foco ahí.

Los avances

“Se instaló en los medios y en la agenda pública la violencia estructural que sufren las mujeres en distintos ámbitos, que es tan intensa que lleva a muchas a la muerte”, dijo a Nueva Ciudad Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), organismo creado por la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, después del pasado 3 de junio. La intervención de esta estructura especializada con capacidad para recibir denuncias, hacer investigaciones preliminares o genéricas e intervenir en casos fue clave en causas como el travesticidio de la activista trans Diana Sacayán.

Para Labozzetta fueron muchas más las que se animaron a denunciar. “Algunas comenzaron a empoderarse al saberse en compañía, otras descubrieron que son víctimas, que lo han sido durante años sin saberlo. La manifestación colectiva comunica, difunde, empodera”, analizó la fiscal.

Natalia Gherardi, directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), coincidió: “La potencia fue poner en la calle los cuerpos de quienes podían dar testimonio de las violencias cotidianas. Se comprendió que no es un problema individual y privado sino parte de una situación estructural”. “Se puso de relieve un trabajo silencioso que ya se venía haciendo desde las organizaciones”, opinó, por su parte, la diputada provincial del Frente para la Victoria, Lucía Portos.

En el mismo casillero

Los femicidios no mermaron. El año del Ni una menos asesinaron, al menos, a 286 mujeres por su condición de género. Por estos femicidios, 322 chicos quedaron huérfanos. Los datos se desprenden de la ONG La Casa del Encuentro que hace el conteo que debería realizar el Estado. Algo para destacar es que en los primeros 100 días de 2016 hubo 66 víctimas más.

Los puntos que enumeraba el documento que se escuchó frente al Congreso hace un año no se transformaron en políticas de Estado. El nuevo gobierno puso al frente del Consejo Nacional de las Mujeres a la feminista Fabiana Túñez, pero todavía no presentó cuál es el Plan Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres previsto en la ley 26.485 de Protección Integral, sancionada en 2009. La demanda continúa intacta.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación tiene pendiente la implementación de la ley de Patrocinio Jurídico Gratuito. La norma fue debatida en el Congreso y promulgada en noviembre de 2015. El ministro Germán Garavano dijo frente la Comisión de Justicia del Senado que hacerlo “requiere una carga presupuestaria fenomenal”.

Tampoco se hizo público el registro de femicidios que anunció la Secretaría de Derechos Humanos de Nación durante la gestión anterior. El año pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación presentó el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina. El relevamiento contó 255 crímenes para 2014. Para muchos, el Registro es incompleto porque solo toma causas caratuladas como femicidios y los familiares de las víctimas saben que no siempre los operadores judiciales nombran estos asesinatos como lo dispone el Código Penal en su artículo 80, inciso 11.

El documento que leyeron en la plaza pública Maitena, Juan Minujín y Érica Rivas exigía, también, la apertura de Oficinas de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia en todas las provincias para acelerar el acceso a la Justicia. Sólo en la sede porteña reciben mil denuncias mensuales. Además de Ciudad de Buenos Aires, hoy existen regionales en Santa Cruz, Santiago del Estero, Tucumán y Salta. Las provincias de Jujuy, Entre Ríos y Río Negro ya tienen sus oficinas creadas pero aún no activan. En La Pampa capacitaron al personal y dispusieron de lugar; sin embargo, la decisión política para que comience a trabajar no está. El mapa se completa a un paso demasiado lento.

Otra de las propuestas del colectivo Ni una menos fue la federalización de la línea 137, del programa Las Víctimas contra las Violencias que dirige Eva Giberti en el marco del Ministerio de Justicia. Los profesionales intervienen en la escena de violencia. Actúan en la Ciudad de Buenos Aires, Posadas, Oberá y El Dorado (Misiones) y Resistencia (Chaco). Existen gestiones para que se abra en la provincia de Santa Fe pero la federalización aún es un horizonte lejano.

La implementación del monitoreo electrónico de los victimarios para asegurar que no violen las restricciones de acercamiento que impone la Justicia surgió en el documento del 3 de junio como una idea novedosa. Todavía no se implementó. Para Mariela Labozzetta, este método es más efectivo que los botones antipánico “porque la alarma se dispara, ya no cuando la víctima lo activa, sino cuando víctima y agresor se acercan a menos de la distancia permitida en la orden judicial”. “Este sistema funciona en Uruguay y España, por ejemplo”, explicó la fiscal. Para ello es necesario “montar un sistema general de protección: un esquema coordinado en el que todas las áreas intervinientes tengan protocolizada su intervención”.

La manifestación puso la linterna sobre la necesidad de capacitaciones sobre la temática al personal del Estado, a los agentes de seguridad y a los operadores judiciales. Al calor de la campaña electoral, el entonces candidato a presidente Daniel Scioli presentó un proyecto en esa línea que fue aprobado por la legislatura bonaerense. A nivel nacional, no es política de Estado.

“En muchas ocasiones, quienes reciben la denuncia descreen del relato de las mujeres, les cuestionan su vida sexual, o por qué permanecieron en el hogar, por qué no abandonaron antes al agresor, por qué se vestían de tal o cual modo, y toda una serie de cuestionamientos que se reiteran, pero que siempre giran en torno a los prejuicios y estereotipos que se traducen en expulsión del sistema de justicia”, explicó la responsable de la UFEM.

La ley de Educación Sexual Integral en todas las provincias y en todos los niveles educativos también figura en el debe.

Desprotegidas

“El cambio de gobierno nos desprotegió aún más”, dice el llamado que convocó a volver a las calles el próximo viernes. Los despidos masivos y el abandono de programas que ya existían como el de Salud Sexual y Reproductiva son las principales preocupaciones de las agrupaciones feministas en el nuevo contexto que plantea el gobierno de Mauricio Macri.

Desde el Frente de Mujeres Evita de Tandil advierten, por ejemplo, sobre la falta de métodos anticonceptivos en los Centros de Atención Primarios de la Salud. Muchos de los medicamentos que se repartían como parte del programa Remediar no renovaron su stock. “El Estado liberal se retira de los barrios, de las casas, de los programas sociales e impone una política de tarifazo y ajuste que deja en soledad a las mujeres”, dijo la diputada Portos.

La propia UFEM, creada por Gils Carbó, peligra en su continuidad con el cambio de gobierno. En la reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, que fue presentada al Congreso por el Ejecutivo, se eliminan las Unidades Fiscales y las Direcciones Generales de Apoyo. “Las únicas dos áreas que abordan la cuestión de género y violencia, la UFEM y la Dirección de Políticas de Género corren riesgo de desaparecer”, expresó Labozzetta.

#NiUnaMenos en la Ciudad de Buenos Aires

Una de las más trascendentes respuestas institucionales en el ámbito porteño fue la aprobación de una ley para crear un Centro Integral de la Mujer (CIM) por comuna. Los CIM son 7 desde 2003. Su implementación es responsabilidad de la Dirección General de la Mujer, a cargo de Lorena Calzetta, dependiente de la Ministra de Desarrollo Social, Guadalupe Tagliaferri. “Es urgente su puesta en marcha. Estamos esperando la planificación y el cronograma de aperturas”, advirtió María Elena Naddeo, directora del Centro de Atención de Niñez, Adolescencia, Género y Diversidad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

“Los barrios que más los necesitan son Villa 31, Flores, Bajo Flores, Soldati, Lugano. Los CIM deberán contar con patrocinio jurídico gratuito civil y penal y equipos para brindar contención psicológica y social”, agregó.

Los motivos para que las mujeres vuelvan a las calles, sobran. El viernes, el alarido se volverá a escuchar en todo el país para reclamar al Ejecutivo, al Legislativo y al Poder Judicial. Pero también como mensaje para toda la sociedad: para lograr un otro atento y mujeres que sepan que no estamos solas.