- Política
- 13.06.2016
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Denuncian a Vidal por el decreto que penalizaba a quienes revelaran datos de las DDJJ
El abogado Marcelo Parrilli presentó una acusación penal contra la gobernadora y otros funcionarios del Ejecutivo provincial por los presuntos delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La denuncia fue realizada por el letrado debido al dictado del decreto que establecía penas para quienes revelaran datos de las declaraciones juradas patrimoniales de funcionarios públicos bonaerenses, a pesar de que la mandataria derogó esa decisión.
El abogado aseguró que Vidal y los ministros de gobierno, Federico Salvai, y de coordinación y gestión pública, Roberto Gigante, también firmantes del decreto, violaron las constituciones nacional y provincial que, por el principio de división de poderes, impiden al ejecutivo asumir funciones legislativas, más aún si se trata de derecho penal.
Parrilli afirmó que no se extingue el delito con la derogación del decreto 647/16 pocos días después de haber sido publicado el 3 de junio “producto del escándalo y reprobación públicas que suscitó” la norma, ya que si no fuera por la “reacción ciudadana” el poder ejecutivo provincial “hubiera mantenido y aplicado" la iniciativa.
"El delito se consuma con el dictado del decreto" por lo que su posterior supresión no hace desaparecer el ilícito, añadió el letrado para dejar en claro la razón legal de la denuncia.
"Como resulta evidente la gobernadora de la provincia de Buenos Aires se ha atribuido, al dictar el decreto, facultades legislativas que le están expresamente vedadas por la Constitución Nacional, por la Constitución Provincial y por las más elementales garantías vigentes en materia de división de poderes", explicó Parrilli.
El abogado aseguró que Vidal y los ministros de gobierno, Federico Salvai, y de coordinación y gestión pública, Roberto Gigante, también firmantes del decreto, violaron las constituciones nacional y provincial que, por el principio de división de poderes, impiden al ejecutivo asumir funciones legislativas, más aún si se trata de derecho penal.
Parrilli afirmó que no se extingue el delito con la derogación del decreto 647/16 pocos días después de haber sido publicado el 3 de junio “producto del escándalo y reprobación públicas que suscitó” la norma, ya que si no fuera por la “reacción ciudadana” el poder ejecutivo provincial “hubiera mantenido y aplicado" la iniciativa.
"El delito se consuma con el dictado del decreto" por lo que su posterior supresión no hace desaparecer el ilícito, añadió el letrado para dejar en claro la razón legal de la denuncia.
"Como resulta evidente la gobernadora de la provincia de Buenos Aires se ha atribuido, al dictar el decreto, facultades legislativas que le están expresamente vedadas por la Constitución Nacional, por la Constitución Provincial y por las más elementales garantías vigentes en materia de división de poderes", explicó Parrilli.
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