- Sociedad
- 24.06.2016
ANOCHE
Reprimieron en Martínez a trabajadores de empresas recuperadas
Fueron atacados con gases y balas de goma por la Policía Bonaerense mientras reclamaban la libertad de sus compañeros detenidos durante un desalojo ordenado por la Justicia de San Isidro.
Cerca de 400 manifestantes que reclamaban frente a las fiscalías de San Isidro la liberación de los 15 trabajadores detenidos ayer por la tarde durante el desalojo de una fábrica recuperada de la localidad bonaerense de Martínez fueron reprimidos por la Policía Bonaerense con gases y balas de goma.
La movilización convocada desde la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y la Corriente Villera Independiente (CVI), entre otras organizaciones políticas y sociales, había comenzado frente a la comisaría décima de Martínez y se había trasladado hacia las fiscalías de la avenida Centenario al 300 para exigir la liberación de los trabajadores detenidos.
Los manifestantes que reclamaban sobre el acceso de la calle Alsina fueron desalojados por la Bonaerense con gases y balas de goma, por lo que se trasladaron a la avenida Centenario donde cortaron el tránsito y volvieron a ser desalojados por la fuerza provincial, con un saldo de al menos cinco heridos de bala de goma, informó la agencia Télam.
Por la tarde, al menos 15 trabajadores habían sido detenidos y otros tres habían resultado lesionados durante el desalojo de la planta de la metalúrgica RB, una empresa recuperada en Martínez. Sobre esta empresa pesa una orden de desalojo a pesar de que está vigente una orden de expropiación a favor de la cooperativa que la gestiona hace más de 15 años, consignó Télam.
Fundada en 1958, fue recuperada por sus trabajadores luego del cierre durante la crisis económica de 2001, cuando convinieron con los acreedores un plan de pago para mantener la maquinaria y las fuentes de trabajo.
El miércoles 8 de junio, el magistrado Orlando Abel Díaz, a cargo del Juzgado de Garantías N° 2 de San Isidro, ordenó el desalojo de la empresa, que fue ejecutado ayer por la tarde por la Bonaerense.
La medida fue cuestionada por diversas organizaciones políticas que se solidarizaron con el conflicto y denunciaron que fue "absolutamente ilegal" ya que en 2007 la Legislatura provincial sancionó la expropiación de la empresa a favor de sus trabajadores y la ley fue prorrogada en 2012 por otros cinco años, por lo que aún está vigente.
La movilización convocada desde la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y la Corriente Villera Independiente (CVI), entre otras organizaciones políticas y sociales, había comenzado frente a la comisaría décima de Martínez y se había trasladado hacia las fiscalías de la avenida Centenario al 300 para exigir la liberación de los trabajadores detenidos.
Los manifestantes que reclamaban sobre el acceso de la calle Alsina fueron desalojados por la Bonaerense con gases y balas de goma, por lo que se trasladaron a la avenida Centenario donde cortaron el tránsito y volvieron a ser desalojados por la fuerza provincial, con un saldo de al menos cinco heridos de bala de goma, informó la agencia Télam.
Por la tarde, al menos 15 trabajadores habían sido detenidos y otros tres habían resultado lesionados durante el desalojo de la planta de la metalúrgica RB, una empresa recuperada en Martínez. Sobre esta empresa pesa una orden de desalojo a pesar de que está vigente una orden de expropiación a favor de la cooperativa que la gestiona hace más de 15 años, consignó Télam.
Fundada en 1958, fue recuperada por sus trabajadores luego del cierre durante la crisis económica de 2001, cuando convinieron con los acreedores un plan de pago para mantener la maquinaria y las fuentes de trabajo.
El miércoles 8 de junio, el magistrado Orlando Abel Díaz, a cargo del Juzgado de Garantías N° 2 de San Isidro, ordenó el desalojo de la empresa, que fue ejecutado ayer por la tarde por la Bonaerense.
La medida fue cuestionada por diversas organizaciones políticas que se solidarizaron con el conflicto y denunciaron que fue "absolutamente ilegal" ya que en 2007 la Legislatura provincial sancionó la expropiación de la empresa a favor de sus trabajadores y la ley fue prorrogada en 2012 por otros cinco años, por lo que aún está vigente.
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