Ordenaron la detención del jefe del penal de Olmos por el crimen de un preso

La Justicia penal de La Plata ordenó la captura del jefe y otros seis oficiales de la cárcel de Lisandro Olmos acusados del homicidio de un preso que sufría epilepsia y murió asfixiado el 1 de agosto pasado luego de sufrir una golpiza durante una crisis convulsiva.

Por el mismo caso ya fueron detenidos otros dos subjefes de esa unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), mientras que los otros siete imputados ya solicitaron la eximición de prisión, informaron voceros judiciales.

A pedido del fiscal Fernando Cartasegna, el juez de Garantías platense Pablo Reale ordenó la captura de nueve efectivos del SPB que cumplían funciones en el penal de Olmos: el jefe, dos subjefes y seis oficiales, todos ellos acusados del homicidio del detenido Narciso Gastón Ayala (36), preso por "robo calificado".

El hecho que se investiga ocurrió el 1 de agosto último, cuando Ayala sufrió un ataque de epilepsia y sus compañeros decidieron trasladarlo en una improvisada camilla de tela hasta el sector de sanidad del penal. Según las fuentes, el preso sufría ataques de epilepsia que le generaban trastornos psicóticos, por lo que se había dispuesto su traslado a la unidad penal psiquiátrica 34 de Melchor Romero, pero la derivación no se llegó a concretar ya que murió ese mismo día.

De acuerdo a la investigación judicial, cuando Ayala era trasladado por sus compañeros, las convulsiones que sufría lo hicieron caer y las autoridades del penal informaron que el recluso murió debido a ese golpe. Sin embargo, dado que el cuerpo presentaba otras lesiones, Cartasegna ordenó realizar la autopsia y buscar testigos del hecho.

A partir de los resultados de estas diligencias, los penitenciarios fueron acusados de haber trasladado al detenido hasta otro sector del penal donde le dieron una golpiza y le practicaron una "llave" que le provocó la muerte por asfixia mecánica. "No había una parte del cuerpo de Ayala que no tuviera golpes", describieron a la agencia oficial Télam fuentes vinculadas a la causa.

Los nueve agentes penitenciarios acusados fueron pasados a disponibilidad apenas ocurrió la muerte del detenido y se les inició un sumario administrativo interno. Todos enfrentan cargos por "imposición de torturas agravada por el resultado de la muerte", delito que prevé la prisión perpetua.