El juez Rozanski denunció persecución por el avance de los juicios de lesa humanidad

El juez del Tribunal Oral 1 de La Plata Carlos Rozanski denunció que es "perseguido" por el Consejo de la Magistratura y vinculó esta decisión de "los representantes del Poder Ejecutivo" a la intención de frenar el juzgamiento de los cómplices civiles de la última dictadura militar.

"Más que sentirme perseguido, esto es una realidad", sentenció el juez platense, que aseguró que se trata de una maniobra que se lleva adelante a partir de la reapertura de una denuncia del secretario general del gremio de los Judiciales, Julio Piumato, "que fue archivada dos veces" por presunto acoso laboral.

Rozanski advirtió que es "imposible saber el origen de la decisión que habría tomado el Poder Judicial", pero la vinculó a el avance de los juicios de lesa humanidad hacia "complicidades que exceden a las fuerzas de seguridad".

"Personalmente creía que no era cierto que el Gobierno había tomado esta decisión de perseguirme, pero cuando dos semanas después comienza esta persecución, y quien la impulsa es el representante del Poder Ejecutivo de la Nación, mi imagen varía 180 grados", sentenció el magistrado en diálogo con radio Vorterix.

En cuanto a las motivaciones de la persecución, puntualizó que "en causas de delitos de lesa humanidad ya no se trata sólo de conocer la verdad, que es importantísima, sino que trata de ver hasta dónde han llegado las complicidades en la época del terrorismo de Estado".

"Cuando se empezó a avanzar en las complicidades que excedian a las fuerzas de seguridad, empezaron este tipo de cuestionamientos para frenar el avance hacia otros sectores de la población", sentenció Rozanski.

El juez señaló que se enteró de esta maniobra a través de un informe periodístico en el que se anunciaba que "el Gobierno estaba detrás de tres jueces" y dijo que no lo creyó posible hasta que el Consejo de la Magistratura retomó la denuncia de Piumato.

En 2011, el gremialista había presentado una denuncia contra el magistrado platense por presunto acoso laboral a 11 trabajadores y había calificado al juez de "verdugo que viola los derechos humanos de sus victimas".