CARRIÓ HABÍA ADVERTIDO SOBRE SU VÍNCULO CON MASSA

Procesaron al ex fiscal general de San Isidro por encubrir al narcotráfico

Julio Novo fue procesado por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, que considera que entorpeció la investigación de tres crímenes ligados a carteles colombianos. También fueron procesados sus máximos colaboradores.


La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado procesó al ex fiscal general de San Isidro Julio Novo y a sus colaboradores directos por "encubrimiento del narcotráfico" al considerar que entorpecieron la investigación de tres homicidios ligados a carteles colombianos.

El procesamiento recayó sobre Novo, los adjuntos Eduardo Vaiani y Fernando Rodrigo Caro y las secretarias Melisa Rey y Mariana Busse. Arroyo Salgado considera que los funcionarios judiciales entorpecieron la investigación de dos crímenes cometidos en el estacionamiento del Unicenter en 2008 y de otro perpetrado en San Fernando en 2009, a la vez que procuraron ocultar el vínculo entre esos homicidios y el tráfico nacional e internacional de estupefacientes.

La acción penal estuvo dirigida por el fiscal federal Fernando Domínguez, que denunció un plan supuestamente orquestado por sectores judiciales para proteger a implicados en causas de narcotráfico y sicariato que conducirían al cartel colombiano del Norte del Valle.

El caso se basa en la denuncia del fiscal Luis Angelini, que investigaba desde 2008 los crímenes de tres colombianos y encontró conexiones de los supuestos sicarios con el piloto Gustavo Juliá, dueño de una empresa de aviones privados que más tarde fue detenido en España por tráfico de casi una tonelada de cocaína junto a su hermano y otro aeronáutico.

Según consigna el diario La Nación, la causa contra los procesados comenzó luego de que Angelini denunciara que Novo entorpeció sus investigaciones una vez que apareció en ella el nombre de Juliá ya que Busse es la esposa del abogado penalista Carlos Broitman, que representa al piloto.

Novo, denunciado por la diputada nacional Elisa Carrió por su presunta vinculación con Sergio Massa y otros dirigentes políticos de la zona norte del Conurbano, no sólo fue procesado sino que también sufrió un embargo sobre sus bienes de 2.000.000 de pesos. Arroyo Salgado le impuso además la obligación de informar cualquier cambio de residencia y la ausencia durante más de 72 horas de su domicilio.


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