Denuncian a un funcionario judicial por delitos de lesa humanidad

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció al fiscal general de Mar del Plata, Fabián Uriel Fernández Garello, por supuesta participación en crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar y solicitó su inmediato juicio político.

Según el organismo de derechos humanos, Fernández Garello habría participado en "el secuestro, tortura y asesinato" de Ana María Martínez y en el "secuestro y tortura" de al menos tres militantes comunistas. Entre los años 1978 y 1982, el fiscal revistaba como subinspector de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba), donde "desarrolló acciones de espionaje político y gremial, e infiltración en organismos de derechos humanos en el marco del terrorismo de Estado".

El material aportado por la entidad que preside Adolfo Pérez Esquivel involucra a Fernández Garello, entre otros agentes de la Dippba, en la causa que investiga los apremios ilegales contra un militante del Partido Comunista en 1982 y las detenciones de tres militantes de ese mismo partido, ocurridas el 23 de Julio de 1981.

Según la denuncia, Fernández Garello habría participado tanto del operativo conjunto, coordinado con oficiales de la Brigada de Investigaciones de San Martín y personal militar del Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo, como de los "interrogatorios" a los que fueron sometidos las víctimas.

Por otra parte, la CPM también envió documentación ampliatoria en la causa por la desaparición de Ana María Martínez, en el marco de los delitos de lesa humanidad cometidos en la zona militar IV. La delegación Dippba San Martín, donde actuaba Fernández Garello, era parte de esa zona militar a cargo del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo.

Desde la CPM advirtieron que un análisis de las 17 acciones de inteligencia del actual Fiscal General de Mar del Plata registradas en el archivo de la Dippba permitió identificar como rasgo principal de estas intervenciones el espionaje político y gremial. En este material aparecen memorandos de inteligencia referidos a conflictos laborales y gremiales en Textil Patagónico, Fiat Concord y Deutz Argentina y se constata el registro de murales y panfletos pertenecientes a distintos partidos y agrupaciones políticas.

"Estas acciones forman parte del proceder de la Dippba, que operó como una suerte de policía política del Estado terrorista", aseguraron desde el organismo. En ese marco, manifestaron que "la permanencia de Fernández Garello como fiscal general es inadmisible en democracia porque se trata de una persona que, por sus acciones en la Dippba, fue parte del esquema represivo desplegado por el terrorismo de Estado".

Por último, desde la entidad de derechos humanos afirmaron: "Por la relevancia de las funciones que cumple en el marco de las instituciones democráticas hace que sea incompatible su continuidad en el cargo".