Es oficial: los feriados del 24 de marzo y el 2 de abril no serán movibles

Tras las numerosas críticas de diferentes sectores, el gobierno de Mauricio Macri publicó en el Boletín Oficial un DNU a través del cual dio marcha atrás con su decisión de declarar movibles a los feriados del 24 de marzo, 2 de abril y 20 de junio.

Mediante el decreto 80/2017, Cambiemos oficializó la anunciada corrección del decreto 52/2017 del pasado 20 de enero, que modificaba el régimen de los feriados nacionales y de los días no laborables. 

"Se exceptúan de la disposición del artículo 2do, los feriados nacionales correspondientes al 1 de enero, lunes y martes de Carnaval, 24 de marzo, 2 de abril, Viernes Santo, 1 de mayo, 20 de junio, 9 de julio, 8 de diciembre y 25 de diciembre", señala el nuevo texto.

En el decreto modificatorio, el macrismo ensayó una defensa de la decisión que tomó días atrás y que debió rectificar ante la ola de críticas que partieron desde la oposición e incluso desde sectores del oficialismo. "Fue dictado en la inteligencia de que un buen ejercicio de memoria es el trabajo pedagógico en las escuelas mediante el cual se conmemore con recursos educativos estos hitos históricos", aclara el texto.

En ese sentido, el decreto añade que "resulta procedente sustituir el artículo 4° del ya citado Decreto N° 1584/10, modificado por su similar N° 52/17, incorporando al listado de los feriados exceptuados de ser trasladados los correspondientes a los días 24 de marzo, 2 de abril y 20 de junio".

El texto lleva la firma del presidente Mauricio Macri; del jefe de Gabinete, Marcos Peña; de la Canciller, Susana Malcorra; de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y del ministro de Justicia y Derechos Humanos, German Garavano, entre otros.

Luego de que se conociera la noticia, intendentes bonaerenses y gobernadores salieron a criticar duramente al Gobierno y declararon asueto administrativo en sus distritos para las fechas mencionadas. Al repudio se sumaron dirigentes del radicalismo y referentes de organismos de derechos humanos, que consideraron que el decreto inicial atentaba contra las políticas de memoria, verdad y justicia.