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- 10.02.2017
LA VOZ OFICIAL
El municipio de San Isidro se defiende de las denuncias de corrupción
Desde la Secretaría de Obras Públicas dieron su versión sobre el atraso en la construcción de viviendas y rechazaron las denuncias del Frente Renovador. Calificaron de "sorpresivo" el pedido de indagatoria a Posse.
Luego de que el fiscal federal Jorge Di Lello pidiera la indagatoria del intendente Gustavo Posse, desde el municipio salieron a defenderse de la denuncia del Frente Renovador por presunta corrupción en un plan nacional de viviendas.
Desde la Secretaría de Obras Públicas, cuyos funcionarios también fueron incluidos por Di Lello en el pedido de indagatoria, explicaron que el atraso en la construcción de viviendas se debió a que los sitios donde debían construirse no estaban en condiciones.
"Los recursos girados por el Estado Nacional suponían la construcción de esa cantidad de viviendas en un lugar que ya contara con la aptitud de los suelos, infraestructura de servicios instalada (luz, gas, agua, cloacas, entre otros), trazado urbano perfectamente delimitado y espacio en los asentamientos disponibles para la construcción de esa cantidad de viviendas. Sin embargo, la realidad era muy distinta", señalaron.
"Con el mismo presupuesto hubo que realizar obras de infraestructura imprescindibles que no fueron previstas y sin las cuales sería imposible construir las viviendas", agregaron. En ese marco, señalaron que el municipio debió realizar estudios y saneamiento de suelos; instalar algunos servicios inexistentes en la zona; y construir viviendas provisorias para que habitaran las familias desplazadas mientras se construían las nuevas viviendas, entre otras acciones.
"En forma sorpresiva y sin que se llevaran a cabo las pericias, el fiscal le requiere al Juez que cite a prestar declaración indagatoria a diversos empresarios, funcionarios municipales y del Instituto Provincial de la Vivienda. Las pericias que debieron realizarse y todavía no se llevaron a cabo demostrarán que los hechos denunciados no son ciertos", finaliza el comunicado.
En el marco de la denuncia iniciada en 2014 por la concejal massista Marcela Durrieu, el fiscal Di Lello pidió la citación a indagatoria de Posse y de funcionarios de su Gabinete. Tras realizar una inspección personalmente en el barrio donde debían construirse las casas en el marco de un programa de viviendas del Gobierno nacional durante el kirchnerismo, constató que sólo 44 de 250 fueron ejecutadas.
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