La CPM responsabilizó a la Provincia por la tragedia de Pergamino

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) responsabilizó al gobierno de María Eugenia Vidal por la tragedia ocurrida en una comisaría de Pergamino, donde murieron siete detenidos en un incendio, y volvió a alertar sobre las condiciones de "hacinamiento y superpoblación" en las dependencias policiales de la Provincia.

"Las únicas causas de este lamentable hecho son el sobrencarcelamiento y el hacinamiento en el que se encuentran los lugares de encierro en la Provincia. El colapso del sistema penal que vulnera sistemáticamente los derechos de las personas es evidente y exige un contundente cambio de rumbo", manifestó la CPM.

"Todas las personas detenidas están bajo custodia del estado. Esto quiere decir que la muerte de cualquiera de ellas es responsabilidad directa de las instituciones que las tienen a su cargo", afirmó la CPM, al tiempo que advirtió sobre el "deterioro generalizado" de las comisarías.

En ese marco, la entidad recordó que a principios de 2015 presentó una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el estado de "hacinamiento y superpoblación y la práctica sistemática de la tortura" en las comisarías bonaerenses. La presentación fue avalada primero por ese organismo y luego por la Suprema Corte de Justicia.

También retomó las cifras presentadas en el "X informe Anual de la CPM, El sistema de la crueldad", donde se consignó que durante 2015 la superpoblación en comisarías alcanzó, en algunos casos, un 500 por ciento. "La situación general hoy para toda la provincia indica que sobre un total de 1060 camastros hay más de 3.000 detenidos", precisaron desde el organismo.

Asimismo, la entidad cuestionó a la Provincia por haber sancionado leyes de emergencia en seguridad. "De emergencia en emergencia, la cuestión de fondo sigue sin ser considerada seriamente. Es necesario reconocer las causas reales que han llevado a este estado calamitoso a todos los lugares de encierro, sean cárceles, comisarías o centros para menores. Es este estado de cosas el que habilita la violación sistemática y cotidiana de los derechos humanos y no produce ningún aporte serio al mejoramiento de la seguridad para nadie", recalcó.

"Estas muertes son responsabilidad del estado y las causas no pueden buscarse en otro lado que no sea una política criminal que durante años ha insistido, y lo sigue haciendo, en políticas regresivas que vulneran los derechos de las personas y no han aportado ninguna solución a las demandas de mayor seguridad", añadió el organismo de derechos humanos.

La entidad presidida por Adolfo Pérez Esquivel planteó una serie de medidas para revertir la situación, entre las que enumeró: "democratizar las fuerzas de seguridad que violan sistemáticamente los derechos humanos; implementar la policía judicial para que la policía deje de detener arbitrariamente, armando causas judiciales en su accionar de regulación del delito en los territorios; darle verdadera autonomía a la defensa pública para que pueda intervenir en igualdad de condiciones con las fiscalías y crear, de una vez por todas, el mecanismo provincial de prevención de la tortura, a fin de controlar externamente a las fuerzas".

"A esto debe agregarse que deben modificarse las leyes penales regresivas que constituyen herramientas para esta inflación del sistema penal. También los jueces, con el uso indiscriminado de la prisión preventiva, contribuyen a este cuadro grave de violencia institucional", alertaron desde el organismo en un comunicado.

Por último, la CPM exigió "una urgente y profunda investigación de lo sucedido" y advirtió "a las autoridades provinciales, a los funcionarios judiciales y a todos los sectores políticos que avalan estas políticas regresivas, que es indispensable repensar seriamente el rumbo que han tomado para revertir de manera urgente sus efectos. Nuestra sociedad se merece políticas de seguridad que respeten los derechos humanos de todas y todos", finalizó.