La UNS apoyó los juicios a los cómplices civiles de la dictadura

El Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional del Sur (UNS) de Bahía Blanca subrayó la necesidad de avanzar en el enjuiciamiento de los actores civiles que participaron o fueron cómplices de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar.

Los consejeros representantes de los docentes, no docentes y alumnos emitieron esta semana una resolución donde declararon su repudio al último Golpe, de cara al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia que se conmemora el 24 de marzo.

En el pronunciamiento, el Consejo reafirmó “el compromiso irrevocable en defensa del Estado de Derecho y de la soberanía popular” y resolvió “apoyar la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad contra militares y civiles que participaron o fueron cómplices del plan criminal”.

En los fundamentos de la resolución se destaca que “a partir del 24 de marzo de 1976, el gobierno dictatorial implementó un plan sistemático de desaparición de personas, secuestros, torturas, detenciones clandestinas, violaciones y apropiación de menores, constituyéndose en genocidio según lo establecido por tribunales nacionales e internacionales”.

El Consejo sostuvo además que “las comunidades universitarias de las instituciones públicas fueron objetivos principales del gobierno dictatorial y así estudiantes, docentes, auxiliares de docencia, no docentes y docentes preuniversitarios fueron víctimas del Estado terrorista”.

"La Universidad Nacional del Sur ha sido y es el lugar donde se desarrollan los juicios por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la última dictadura cívico-militar en la ciudad de Bahía Blanca y su zona de influencia, transitándose un camino de justicia, verdad y memoria, así como de reparación a sus víctimas y familiares”, agregó el documento.

Los consejeros destacaron que “es responsabilidad ineludible de las Universidades Nacionales recordar en el tiempo el período más nefasto de nuestra historia nacional como ejercicio de memoria social con el fin de enseñar a las nuevas generaciones las consecuencias que implica sustituir el Estado de Derecho”.

"Es imprescindible para la consolidación de la democracia avanzar en el juzgamiento de los actores civiles que participaron o fueron cómplices de delitos de lesa humanidad”, concluyeron.