Polémico editorial de La Nación sobre la ley anti-negacionista

El diario La Nación publicó un polémico editorial sobre el proyecto anti-negacionista presentado por el senador bonaerense Darío Díaz Pérez, que propone incorporar el número 30.000 junto a la palabra "desaparecidos" y establece que debe utilizarse la expresión "dictadura cívico-militar" para referirse al terrorismo de Estado.

"La imposición por ley de una visión parcial, sesgada y también inexacta de la historia atenta contra la libertad de pensar y expresarse, que está bien plasmada en el espíritu y la letra de nuestra Constitución nacional. Quien obedezca esta ley y tenga una visión y un conocimiento de la verdadera historia deberá optar entre mentir o caer en la ilegalidad", señala el matutino.

En línea con las escandalosas declaraciones de funcionarios del macrismo durante las últimas semanas, el diario de la familia Mitre pone en duda el número de 30.000 desaparecidos, actitud que, en rigor, mantiene desde que los organismos de derechos humanos iniciaron su reclamo. "Es innecesario referirse al falseamiento intencionado del número de desaparecidos. El argumento del simbolismo de ninguna manera lo justifica", plantea el polémico artículo titulado "La libertad de expresión y la verdad serán ilegales".

La Nación también recurre a la hipótesis de la causa-efecto para explicar el terrorismo de Estado y las desapariciones y le apunta directamente al gobierno peronista. "Sin dejar de lado la necesidad de condenar el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, hay otra falsedad al considerar este día como el inicio de las desapariciones. Está demostrado y aceptado que hubo alrededor de 900 casos anteriores a dicha fecha. La mayor parte de ellos fueron responsabilidad de la Triple A, una fuerza parapolicial cuya creación se le adjudica a Juan Domingo Perón antes de su muerte", dice el editorial.

El matutino niega además que el Golpe de Estado cívico-militar haya tenido como objetivo instaurar un modelo económico regresivo, tal como lo prueban las investigaciones sobre las complicidades del ala civil con los represores.

"Nunca debiera romperse el orden constitucional. No obstante, deben recorrerse los hechos de los últimos meses de 1975 y los primeros de 1976 para encontrar un escenario de disolución del poder y del avance de la violencia organizada, que lamentablemente la clase política renunció a resolver mediante los instrumentos de las instituciones de la República. Pensar en un propósito económico o financiero como motor principal del derrocamiento de Isabel sólo cabe en mentes conducidas por extremos ideológicos que impiden visualizar los hechos con objetividad", escribe el editorialista.

Para La Nación, la ley impulsada por Díaz Pérez "debería ser vetada por la gobernadora María Eugenia Vidal", posibilidad que el diario considera "poco probable" tras los dichos del secretario de Derechos Humanos bonaerense, Santiago Cantón, que en sintonía con los organismos planteó que los desaparecidos fueron 30.000.

"No puede haber mordazas a la hora de expresarse ni inhibiciones para indagar en la historia. El cambio político del 10 de diciembre de 2015 pareció dejar atrás los vicios del kirchnerismo y particularmente la imposición de un relato único. Sin embargo, nos encontramos ahora con hechos como los de esta ley provincial, que encontró voluntades y temores que hicieron posible su sanción legislativa", finaliza la nota.