TRAS LA POLÉMICA EN EL CONURBANO

Buscan prohibir los nombres de gobernantes en bienes del Estado

En medio de la polémica por los ploteos, el diputado massista Pablo Garate presentó un proyecto para evitar que los funcionarios "caigan en el vicio de personalizar la publicidad gubernamental". Los detalles.


En plena polémica por los ploteos de patrulleros en el Conurbano, el Frente Renovador bonaerense presentó un proyecto para prohibir la colocación de nombres de gobernantes en bienes del Estado.

En concreto, la iniciativa presentada por el diputado Pablo Garate busca evitar "la colocación de nombres de gobernantes, símbolos, audios o imágenes que supongan promoción personal de autoridades o funcionarios públicos o identifiquen la gestión, en bienes inmuebles o muebles propiedad del Estado y en todo tipo de publicidad que se realice, tanto por los medios de comunicación social o comunicación gubernamental alternativa".

La prohibición rige además para todo mensaje micro-segmentado por redes sociales y desde base de datos. También comprende a los municipios de la provincia de Buenos Aires. La violación a ello "constituye una infracción grave en el ejercicio de la función pública y hace pasible a los funcionarios públicos de la aplicación de las sanciones previstas en el régimen que les resulte aplicable en virtud del cargo o función desempeñada, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales establecidas en la legislación", informaron voceros massistas.


En los fundamentos, Garate destacó que “es habitual que quien ejerce el Gobierno de un Estado caiga en el vicio de personalizar la publicidad gubernamental. Esto quiere decir, aparecer con su imagen, voz, fotografía, nombre o firma en las publicidades gráficas, por medios audiovisuales o a través de las redes sociales, así como también en la cartelería de obras, ploteos de edificios públicos o vehículos, y hasta en los presentes que se entregan desde el gobierno”.

"La publicidad gubernamental es la otra pata de la comunicación gubernamental y es en ella donde la institucionalidad debe respetarse y funcionar a pleno. Es la institución la que comunica, es el Estado el que comunica. No el soberano. No se puede permitir la promoción de una figura política con recursos del Estado (aportados por todos los contribuyentes) ni permitir la promoción personalista de un gobernador o de un intendente a través de los actos de gobierno, actos que tiene la obligación legal, política y moral de difundir institucionalmente”, completó el legislador de Tres Arroyos.


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