El Gobierno bonaerense salió a cuestionar la ley anti-negacionista

El Gobierno bonaerense salió a cuestionar la ley antinegacionista aprobada por la Legislatura, que establece que debe incluirse la cifra 30.000 junto a la palabra desaparecidos y el término "cívico-militar" cada vez que se mencione a la dictadura que asaltó el poder en 1976.

"No se puede establecer por ley el número de desaparecidos", dijo el vicegobernador Daniel Salvador, aunque se apresuró a aclarar que no está dispuesto a participar de un debate sobre la cantidad de víctimas del terrorismo de Estado.

En declaraciones formuladas a Radio Cooperativa, el dirigente radical consideró que la iniciativa impulsada por el senador Darío Díaz Pérez es "violatoria de la libertad de expresión". "Querer establecer una verdad por ley me parece que no corresponde bajo ningún punto de vista", planteó.

"La verdadera profundidad que tuvo (el terrorismo de Estado) quedó reflejada en el informe Nunca Más. Un número u otro impuesto por ley no es el camino", señaló Salvador, que formó parte de la CONADEP en los inicios de la democracia.

En esa misma línea, el secretario de Derechos Humanos bonaerense, Santiago Cantón, explicó que desde el gobierno de María Eugenia Vidal analizan la posibilidad de "reglamentar la ley sin que viole el derecho de libertad de expresión, el derecho a la información y la búsqueda de la verdad". De hecho, el funcionario no descartó que directamente "se derogue" la norma. "La ley es mala y violatoria de la libertad de expresión", consideró.

Las críticas también partieron de la jerarquía eclesiástica. "En la Provincia se impuso por ley un número mágico que hay que sostener acerca de las víctimas de la crueldad de la última dictadura. No corresponde a la Legislatura imponer por ley algo que es muy discutido", dijo el arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, en el Tedéum por el 25 de Mayo.