La Justicia benefició a dos represores de La Plata con el 2x1

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 1 de La Plata benefició con el cómputo del 2x1 a dos represores condenados por torturas y homicidios en la Unidad Penal n° 9 durante el terrorismo de Estado.

Se trata de los penitenciarios Ramón Fernández y Abel Dupuy, que en 2010 fueron condenados a 25 años de prisión y a prisión perpetua, respectivamente. Quien hizo lugar al pedido fue el juez federal subrogante Alejandro Daniel Esmoris. “Corresponde que se aplique a su respecto la conocida regla del dos por uno y como consecuencia de ello, realizar un nuevo cómputo de detención”, dictaminó el juez en su fallo.

La Unidad Fiscal se había manifestado en contra del beneficio a Fernández y Dupuy al afirmar que la ley 24.390 (sobre plazos de prisión preventiva) "estuvo vigente entre el 21 de noviembre de 1994 y el 1° de junio de 2001, etapa durante la cual los hechos atribuidos ya habían sido cometidos, y el imputado aún no había sido sometido a proceso ni, claro está, estuvo sujeto a prisión preventiva”.

En ese marco, los fiscales Rodolfo Marcelo Molina y Hernán Schapiro habían advertido que dicha ley "nunca tuvo aplicación con respecto a los delitos de lesa humanidad y que, por lo tanto, no podría considerarse como una ley intermedia, pues cuando se sancionó tenían vigencia las leyes de punto final y obediencia debida que excluían su aplicación con respecto a estos delitos”.

Asimismo, los representantes del Ministerio Público Fiscal habían subrayado que el cómputo del 2x1 resulta "incompatible con las obligaciones internacionales del Estado en materia de persecución y sanción de graves violaciones de los Derechos Humanos y de crímenes de lesa humanidad”.

La polémica por el 2x1

El revuelo político comenzó cuando, con los votos de Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró aplicable el cómputo del 2x1 a los genocidas que cometieron crímenes de lesa humanidad durante la útlima dictadura cívico-militar.

La decisión motivó un amplio repudio de sectores de la oposición y del movimiento de derechos humanos. También Cambiemos se sumó a ese rechazo tras haber apoyado inicialmente la decisión de los jueces. El malestar derivó en una movilización histórica en Plaza de Mayo el 10 de mayo.

El repudio también llegó al Congreso de la Nación. Una semana después de la decisión de la Corte, todos los sectores políticos votaron en el Parlamente nacional una ley para frenar la aplicación del cómputo.

Con su decisión, el máximo tribunal benefició al represor Luis Muiña, condenado por haber cometido crímenes de lesa humanidad en el Hospital Posadas durante el terrorismo estatal.