La Corte le dio curso a la demanda de Sujarchuk por las termoeléctricas

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires consideró "grave, trascendente y seria" la demanda presentada por Escobar contra el municipio de Pilar por la instalación de dos centrales termoeléctricas y la remitió a los juzgados administrativos de San Isidro.

En su resolución, la Corte provincial alertó sobre las irregularidades en el proceso de autorización e instalación de las empresas y remarcó que no se le dio al distrito de Escobar la "oportunidad de audiencia o intervención previas que estiman imprescindibles en vista de los efectos adversos que esas normas podrían producir en su territorio y sobre su comunidad, desde que se trata un municipio lindero al de Pilar”.

Desde la gestión de Ariel Sujarchuk afirmaron que continuarán "con las actuaciones ante el fuero de primera instancia, que en primer lugar deberá resolver sobre la medida cautelar peticionada con el objeto de suspender cualquier tarea de las empresas de energía hasta tanto se defina la cuestión de fondo respecto a la ilegalidad de las ordenanzas dictadas por el Municipio vecino".

El eje central de la acción y el derecho del municipio a plantear dicha demanda radica en la violación a normas de orden constitucional por parte del municipio de Pilar, íntimamente ligadas al desarrollo humano y a la preservación del medio ambiente, explicaron desde Escobar.

En ese marco, señalaron que las empresas APR Energy SRL y Araucaria Energy S.A. comenzaron la construcción de sus instalaciones en una zona que carecía de habilitación. Asimismo, denunciaron que Pilar, distrito gobernado por Nicolás Ducoté (Cambiemos), omitió "informar e integrar al municipio de Escobar en la redefinición del ordenamiento territorial, ignorando de esta manera el principio rector de transversalidad a todas las esferas territoriales involucradas (nacional, provincial o municipal)".

"Al momento de encarar un plan de ordenamiento territorial o modificar uno existente, se debió considerar la complejidad social, política y económica de la comunidad vecina, más aún cuando se trata de instalar una industria categoría 3, hecho que supone un alto impacto ambiental y un riesgo cierto para la población circundante", remarcaron desde el gobierno de Sujarchuk.