Intendentes del PJ presentaron un proyecto para crear un nuevo pacto fiscal

Un grupo de intendentes bonaerenses del peronismo presentó ayer en la Legislatura un proyecto para modificar el régimen de responsabilidad fiscal y la ley de coparticipación.

El intendente de San Antonio de Areco, Francisco "Paco" Durañona, subrayó la importancia de sancionar un nuevo pacto fiscal "que respete la autonomía de los municipios y no pretenda regir desde La Plata las finanzas de nuestros pueblos y ciudades como intenta hacer el gobierno de Cambiemos".

Por otra parte, el alcalde de la Segunda Sección exigió cambios en la ley de coparticipación y "más fondos para todos los distritos después de que en 2018 la Provincia le quitara recursos a las familias bonaerenses a razón de 20 millones de pesos cada 10.000 habitantes".

"No vamos a permitir que nos pongan de rodillas en esta cuestión y vamos a seguir trabajando en defensa de todos los ciudadanos de nuestra provincia", manifestó Durañona.

También participaron de la presentación los jefes comunales Marcelo Santillán (Gonzáles Cháves), Germán Lago (Alberti), Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes), Gustavo Cocconi (Tapalqué), Alfredo Fisher (Laprida), Oscar Ostoich (Capitán Sarmiento), Hernán Ralinqueo (25 de Mayo), Julio Marini (Benito Juárez), Mario Secco (Ensenada), Verónica Magario (La Matanza) y Jorge Ferraresi (Avellaneda).

Los intendentes estuvieron acompañados por legisladores de los distintos bloques peronistas, que manifestaron que "los municipios tienen que tener las herramientas necesarias para sostener el desarrollo local y preservar su autonomía".

El pacto fiscal de Vidal

El pacto de responsabilidad fiscal impulsado por Vidal premia a los municipios que se ajusten a los lineamientos económicos y financieros de Provincia. Entre otros puntos, establece que los municipios no pueden tomar deuda por encima del 10 por ciento de sus gastos corrientes; no deben aumenten sus gastos corrientes por encima de la variación del Índice de Precios al Consumidor; y no pueden aumentar su planta de personal por encima del aumento de la población.

Asimismo, dispone que en los seis meses previos a la finalización de su mandato los intendentes no pueden pasar a planta permanente a los empleados contratados; y los invita a bajar las tasas de Seguridad e Higiene o Alumbrado, Barrido y Limpieza, es decir, aquellas que recaen sobre los sectores productivos.

La ley también castiga a quienes no adhieran al "ajuste" ya que les prohíbe acceder a la asistencia financiera de Nación (Adelanto del Tesoro Nacional) y Provincia (adelanto en concepto de coparticipación).

A mediados de marzo, los intendentes del PJ del interior se reunieron en San Antonio de Areco para analizar el pacto fiscal y denunciaron que "vulnera las autonomías municipales". "La ley es francamente inconstitucional porque establece que desde una oficina del Ministerio de Economía van a manejar la planta de empleados y nos van a decir qué inversiones tenemos que hacer y cómo debemos financiarnos", sostuvo Durañona tras aquel encuentro.