María Isabel Reinoso: "No hay dudas de que Quintana está presionando a la Justicia"

Por Mauro Castro

La Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó esta semana a una audiencia pública para el 29 de agosto para discutir el ingreso de la cadena Farmacity al territorio bonaerense. El máximo tribunal debe resolver sobre el pedido de inconstitucionalidad de la ley 10.606 presentado por la empresa fundada por el vicejefe de Gabinete de la Nación, Mario Quintana.

El caso Farmacity llegó a la Corte nacional tras un largo periplo en el ámbito judicial bonaerense. El reclamo de la empresa fue rechazado en primera y segunda instancia e incluso en la Suprema Corte. La ley provincial 10.606 sancionada en 1987 representa un obstáculo en la embestida judicial de Farmacity porque prohíbe que las farmacias operen como sociedades anónimas. En abril de este año, un dictamen de la Procuración General de la Nación avaló el reclamo de Quintana.

Los farmacéuticos advierten sobre las consecuencias que tendría el desembarco de la empresa en la Provincia y denuncian las presiones del funcionario de Mauricio Macri a la Justicia. Mientras tanto, en la Legislatura bonaerense y en decenas de concejos deliberantes se alzan voces de rechazo contra Farmacity.

En un diálogo exclusivo con Nueva BA, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos bonaerense, María Isabel Reinoso, explica por qué el sector se opone a la maniobra del macrismo y cuestiona a la gobernadora María Eugenia Vidal por su silencio frente al "lobby" judicial de Quintana.

—¿Cómo evalúan el llamado de la Corte Suprema a una audiencia pública por el caso Farmacity?

—El 26 de abril, después del dictamen de Procuración, que aunque no es vinculante le da la razón al reclamo de la empresa, el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia pidió una convocatoria a una audiencia pública para dirimir este juicio. En principio lo tomamos bien porque hicieron lugar a nuestro pedido. También lo habían solicitado el Defensor del Pueblo de la Provincia y los diputados Lisandro Bonelli y Ricardo Lissalde. Esto trascendió lo jurídico y se convirtió en un caso político porque quien inicia esta demanda es el Vicejefe de Gabinete de la Nación.

—¿Consideran que Quintana está presionando al Poder Judicial para lograr un fallo favorable para la empresa?

—No tenemos ninguna duda de eso, porque es un juicio que Farmacity perdió en todas las instancias en la provincia de Buenos Aires. Lo que Quintana está atacando es la ley del ejercicio de una profesión. Nadie tiene dudas de que ese tipo de leyes no pueden ser delegadas al ámbito nacional. Esto figura en la Constitución provincial. Cada provincia regula para sí el ejercicio de las profesiones independientes; todo lo que tenga que ver con la salud siempre fue resuelto por las provincias. Nosotros participamos de ese juicio desde que se inició hasta que terminó. La Corte nunca había admitido reclamos individuales de empresas, sino cuestiones relacionadas con el interés público. En este caso, el pedido de Farmacity tuvo una velocidad inusitada para lo que es la Justicia en nuestro país. Por eso no tenemos dudas de la presión que está ejerciendo Mario Quintana desde su lugar de funcionario público. Además, es vergonzoso que le haga un juicio a las provincias de Buenos Aires, de Santa Fe y de Mendoza, asuma como funcionario y no retire esos juicios.

—¿El dictamen de la Procuración responde a esas presiones?

—Totalmente. El dictamen va en la línea con lo que él plantea en su demanda.

—¿Qué impacto podría tener en las farmacias de barrio el ingreso de Farmacity a la Provincia?

—Provocaría la mercantilización de una profesión que es netamente de salud. Todos los que hemos hecho la carrera de farmacia nos formamos en salud, no en administración de empresas. Siempre pusimos el derecho a la salud y al acceso a los medicamentos por encima de cualquier otro interés personal o particular. Tenemos ejemplos de lo que sucede cuando se pone al mercado por encima de la salud de la gente. En ningún caso se hace para beneficiar a la población. El planteo que él hace implicaría romper en la Provincia toda la red capilar de farmacias que se han distribuido en cada barrio, en cada pueblo. Esto se logró con la ley 10.606 que establece parámetros para poder instalar una farmacia. Sería un retroceso terrible en términos de salud pública. Esta ley es del 87, es una ley de la democracia que fue perfeccionada por todos los gobernadores, siempre pensando en llevar el servicio farmacéutico y la dispensa de medicamentos a los lugares donde vive la gente, no donde le es rentable a las empresas. Sería ir a contrapelo de lo que hicieron los poderes Ejecutivo y Legislativo desde el 87 a la fecha.

"No entendemos el silencio de Vidal. Es la primera vez que un gobernador no opina sobre el modelo de acceso al medicamento que quiere para sus habitantes".

—Otra cuestión es que Farmacity vende, además de medicamentos, artículos que no tienen relación con la salud, como juguetes y golosinas.

—La ley 10.606 no permite eso. Ellos no lo cuestionan, pero estamos convencidos de que si llegan a entrar en la Provincia lo van a incumplir, como lo incumplen en la ciudad de Buenos Aires, donde tampoco está permitido y sin embargo lo hacen y no hay nadie que les ponga un coto. Es la empresa que más sanciones tiene por incumplimiento a las leyes sanitarias. Sin embargo, siguen haciendo lo que quieren. Parece que nadie los toca.

—¿Cómo evalúa el silencio de Vidal frente al conflicto?

—Los farmacéuticos estamos desconcertados. Es la primera vez que un gobernador de la Provincia no opina sobre el modelo de acceso al medicamento que quiere para sus habitantes. Más allá de que esto nunca estuvo en discusión, todos los gobernadores marcaron una posición clara para defender a la salud pública y al modelo sanitario por encima del modelo de mercado. Por eso esta ley se fue mejorando en los distintos periodos. La realidad es que no entendemos el silencio de Vidal.

—Muchos municipios manifestaron su rechazo al desembarco de la empresa en la Provincia, ya sea a través de decretos o de declaraciones de repudio.

—Desde el territorio se puede palpar claramente los beneficios que ha tenido esta ley a favor de la gente. Los intendentes y concejales ven el rol social que cumple el farmacéutico en materia de salud pública. Las farmacias son una extensión del sistema de salud. A la fecha tenemos casi 90 municipios que han sacado resoluciones de apoyo al modelo sanitario contemplado en la ley 10.606. Se está discutiendo casi todos los días en algún Concejo Deliberante. Hay algunos que sacaron resoluciones y además están trabando con ordenanzas o decretos el ingreso de Farmacity. Cada vez se van sumando más. Los intendentes de la provincia de Buenos Aires se están haciendo oir. Y la mayor parte de esos proyectos se está aprobando por unanimidad. Eso es otro hecho político importante. Es un apoyo contundente.

La "rebelión" en los municipios contra Farmacity

En el Conurbano bonaerense, ya expresaron su repudio a Farmacity los municipios de Esteban Echeverría, Hurlingham, Ituzaingó, Escobar, Quilmes, Berazategui, Almirante Brown, Ezeiza, Lomas de Zamora, San Martín, San Miguel, Malvinas Argentinas, San Fernando, Tigre y Pilar, entre otros.

También hubo declaraciones y decretos en el interior bonaerense. Algunos de los municipios que sentaron posición son Mercedes, Campana, Junín, Olavarría, Partido de La Costa, Miramar, Necochea, Tres Arroyos y Bahía Blanca.