Gabriela Diker: "Las universidades públicas no encuentran ningún lugar en este modelo económico"

Por Mauro Castro

El fuerte ajuste presupuestario en materia educativa aplicado por el gobierno de Mauricio Macri puso en alerta a la comunidad universitaria. Esta semana hubo abrazos simbólicos a las universidades del Conurbano para rechazar los recortes.

Se trata de un ajuste de 3000 millones de pesos que incluye fondos para el sostenimiento de actividades y para la ejecución de obras, paralizadas tras el anuncio oficial. Esto sucede en el marco del conflicto salarial que atraviesan los docentes universitarios, que ya anunciaron un paro de 96 horas en rechazo a la oferta del 15 por ciento que propuso el Ejecutivo.

La Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) es una de las instituciones afectadas. Esa casa de estudios tiene aproximadamente 20 mil estudiantes, provenientes en su mayoría de los municipios de Malvinas Argentinas (donde tiene su campus), San Miguel y José C. Paz.

Nueva BA dialogó en exclusiva con su rectora, Gabriela Diker, que advirtió sobre el "enorme esfuerzo" que deben hacer las universidades para continuar con sus actividades frente a los recortes a un presupuesto que ya en 2017 estaba desfasado con respecto a la suba de la inflación. "La situación va a empeorar si no se actualizan las partidas", dijo.

Diker, que semanas atrás publicó una dura carta para repudiar el ajuste del macrismo, también cuestionó el rumbo de las políticas económicas de Cambiemos. "Las universidades no tenemos lugar en este modelo", denunció.

—¿Cómo está hoy la UNGS en un contexto de recorte presupuestario y de paralización de obras?

—La situación nos afecta del mismo modo en que afecta al conjunto del sistema universitario. El principal problema al día de hoy es la situación salarial de los trabajadores docentes de las universidades, con una paritaria que no ha sido cerrada y una oferta que sigue siendo del 15 por ciento; esa es hoy la situación más crítica que atravesamos. Pero también se complementa con problemas en el funcionamiento regular de las universidades por el deterioro de las partidas de gastos.

El presupuesto para las universidades ya era insuficiente en 2017 porque no se había actualizado por inflación. A eso se le suma la acumulación de inflación y la devaluación de este año, que impactan en cuestiones muy básicas, desde el pago de tarifas de servicios, que es lo que las universidades hacemos con esas partidas de gastos de funcionamiento, hasta la compra de insumos o equipamiento de laboratorio. Esos gastos, que estaban aprobados, tienen costos en dólares y con el presupuesto disponible ya no se pueden asumir. Tenemos el mismo presupuesto que en 2017, a lo que hay que sumarle la situación de este año, lo que hace muy difícil sostener las actividades.

—¿Cómo se compensa esa insuficiencia presupuestaria?

—Estamos haciendo un enorme esfuerzo por sostener el financiamiento de las actividades que teníamos aprobadas y que tienen que ver con el sostenimiento material de los estudios. Nuestra universidad dedica el 20 por ciento de su presupuesto y las partidas de gastos de funcionamiento a becas de estudio y de formación académica para estudiantes graduados. Venimos sosteniendo un conjunto de servicios que permiten que los y las chicas que estudian puedan ejercer su derecho. Es una situación que va a ser muy difícil de sostener si el Estado no actualiza las partidas o no restituye lo que dijo que iba a recortar, que es una partida de refuerzo de gastos que fue aprobada por ley y que ya nos anunciaron las autoridades que no van a transferir.

—¿De cuánto es esa partida?

—Son un poco más de 1000 millones de pesos, que junto con las partidas de infraestructura componen el recorte de 3000 millones anunciado en marzo. Esto impacta en la posibilidad de contar con mejores condiciones para desarrollar las actividades.

—¿Cómo afecta el ajuste a la continuidad de las obras?

—El recorte de infraestructura supuso que ninguna obra nueva se pueda ejecutar. En General Sarmiento tenemos en continuidad una obra que estaba en ejecución pero tuvimos que pelear mucho, porque según las autoridades no tenía crédito presupuestario para este año, aunque ya se estaba ejecutando. También tenemos muchas dificultades para continuar con la obra del edificio de la escuela secundaria que funciona en la universidad y ninguna posibilidad de que se den continuidad a otros proyectos de desarrollo de infraestructura que ya habían sido aprobados.

—Más allá de lo presupuestario, ¿cómo evalúa el rumbo general de las políticas universitarias del macrismo?

—Las cuestiones presupuestarias no son más que síntomas del modo en que Cambiemos concibe el lugar de las universidades públicas en este país. En un modelo económico de desindustrialización, de primarización de la economía, de apertura de las importaciones, de deterioro y crecimiento del desempleo, las universidades públicas no encuentran ningún lugar. Lo que está en discusión, y lo evidencian las políticas universitarias, es un modelo de país. La universidad pública aporta conocimiento, tecnología al sector productivo; aporta al desarrollo económico del país y a la formación de los profesionales que necesita. Y Cambiemos no está pensando en un país que requiera de ese aporte de las universidades por el propio modelo económico que está sosteniendo.

—Vidal cuestionó la apertura de nuevas universidades porque, según afirmó, los pobres no pueden acceder a la educación universitaria. ¿Qué opina de esas declaraciones?

—Esos dichos ponen en evidencia que para muchos funcionarios de Cambiemos la pobreza es algo así como un atributo esencial de las personas. Pero la pobreza es una condición de injusticia a la que las personas están sometidas y de la que se sale con políticas de estado. Y esas son las políticas que este Gobierno está destruyendo. No perdamos de vista la última declaración del Presidente en su sesión de Instagram, en la que dijo directamente que asistir a una universidad pública y gratuita es un privilegio. Acá está el punto central de discusión. Desde el sistema universitario entendemos a las universidades como un derecho. Es un bien social, un derecho universal de todos los que quieran ejercerlo. Esa es la diferencia fundamental en el modo en el que concebimos las políticas universitarias.