“La Justicia debe enviar el mensaje de que no se va a legitimar ninguna práctica violenta contra las mujeres”

Por Leila Lobos

Laurana Malacalza es coordinadora del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y fue una de las testigo expertas que declaró en el juicio por el femicidio de Lucía Pérez.

Su exposición tuvo lugar en el marco de una audiencia en la que, como informó este medio, los jueces Pablo Viñas y Aldo Carnevale, del Tribunal Oral en lo Criminal 1, negaron la existencia del machismo y de la violencia hacia las mujeres y desestimaron los argumentos brindados por las especialistas en materia de género.

En diálogo exclusivo con Nueva BA, explicó la importancia de que el Poder Judicial tenga una perspectiva de género y desarrolló los fundamentos principales de su presentación en la séptima audiencia por la muerte de la adolescente marplatense.

“Incorporar la perspectiva de género significa deconstruir todos los estereotipos y estigmatizaciones que ocupamos las mujeres y los varones en el marco de la teoría judicial; si las prácticas judiciales no deconstruyen estos estereotipos los reafirman y eso lleva a las mujeres a lugares de absoluta subordinación y nos establece en los roles más clásicos que solemos ocupar”, argumentó.

—¿Cómo llegan desde el Observatorio de Violencia de Género a ser testigos en la causa por la muerte de Lucía?

—A los pocos días la muerte de Lucía presentamos un informe desde el Observatorio de Violencia de Género dando cuenta de la necesidad de que se caratulara como femicidio desde el inicio de las investigaciones y de que se intentara visibilizar el contexto de violencia de género en el que se ven enmarcados los hechos. El abogado de la familia toma ese informe y a partir de ahí nos convoca como testigos expertos, que es una figura que se puede aplicar siempre y cuando se haya presentado antes en la causa.

Centralmente en las dos presentaciones tratamos de contextualizar en el marco de relaciones y de violencia de género lo que había pasado.

"La Justicia tiene que enmarcar los hechos en un contexto de dominación estructural histórica de los hombres sobre las mujeres".

—¿Cuáles fueron los puntos centrales de tu declaración en el juicio?

—La presentación en el juicio, sobre todo por el desarrollo que fueron teniendo las pericias y demás,se enmarcó precisamente en la necesidad de que en los fundamentos de la sentencia o por los delitos que se les impute, se visibilice el contexto desigual entre los géneros.

La desigualdad y la dominación que se ejerce entre varones adultos proveedores de drogas vinculados a las economías ilegales y una piba adolescente estudiante que además se encuentra endeudada por la compra que había hecho de drogas, lo enmarcamos en un contexto de violencia de género. Porque precisamente da cuenta del lugar de subordinación en el que estamos las mujeres, de cómo se agudiza cuando estamos expuestas a organizaciones criminales y de que la vulnerabilidad se profundiza por el tema de la edad.

—¿Por qué quienes forman parte del Poder judicial deben tener perspectiva de género a la hora de accionar sobre las causas?

—Centralmente por dos cuestiones. Primero: incorporar la perspectiva de género significa deconstruir todos los estereotipos y estigmatizaciones que aparecen en torno a los roles que ocupamos las mujeres y los varones en el marco de la teoría judicial. En eso es fundamental porque las practicas judiciales si no deconstruyen estos estereotipos lo que hacen es reafirmarlos y muchos de esos estereotipos llevan a lugares de absoluta subordinación, de dominación hacia las mujeres y de establecernos en los roles más clásicos que solemos ocupar. Esa sería una de las funciones centrales.

"Una situación de violencia sexual no se produce sólo cuando existe violencia física".

La otra tiene que ver con la función de enmarcar en un contexto de violencia de género cada uno de los delitos que se investigan o se sancionan. Eso significa que los delitos no se analizan solamente en su caso individual y particular, sino que se enmarcan en un contexto de dominación estructural histórica de los varones sobre las mujeres. Los hechos dejan de ser analizados sólo en sus condiciones particulares y exclusivas de acuerdo a las pericias fácticas que se juntaron y se enmarcan, además, en un contexto de violencia estructural que sufrimos las mujeres a partir de esta subordinación y esta relación de poder desigual.

Esa es la transcendencia que tiene a nivel social. Porque sin duda una investigación con perspectiva de género hace que las pruebas, por ejemplo la interpretación de las pericias, se enfoquen en analizar los estereotipos en cuanto a cómo tenemos que actuar las mujeres y cómo tenemos que vivir la sexualidad.

—En una de las audiencias, los peritos presentes determinaron que no podía acreditarse el abuso sexual porque no había huellas en el cuerpo. ¿Esa conclusión atenta contra esa posibilidad de juzgar los hechos desde una perspectiva histórica?

—Una situación de violencia sexual no necesariamente se enmarca si existe violencia física o una huella física en el cuerpo, sino que se enmarca en una relación de dominación histórica que tenemos las mujeres respecto a nuestra sexualidad por parte de los varones. Por esa razón debe incorporarse la perspectiva de género tanto en la investigación como en la sanción e incluso en la reparación para las víctimas o familias.

Y, además, en el mensaje que dan las sentencias judiciales a la sociedad, un mensaje donde se incluya a la perspectiva de género y se contextualicen estos hechos en una situación de violencia contra las mujeres y las adolescentes da una señal clara de que no es posible la impunidad frente a estos hechos. Es una manera de reconocer el lugar de subordinación que tenemos las mujeres y, de alguna manera, repararlo. En ese reconocimiento hay una posibilidad de repararlo en términos jurídicos y sociales. En eso me parece fundamental que tanto hacia el interior de la actividad judicial como hacia el resto de la sociedad se transmita que no se va a naturalizar ni a legitimar ninguna práctica violenta contra las mujeres, niñas y adolescentes. Los actores judiciales y la práctica judicial tienen la posibilidad de hacerlo.