Motín en Echeverría: la Comisión por la Memoria denunció una "masacre" y recordó que la comisaría había sido clausurada

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció una "masacre" en la Comisaría Tercera de Transradio, en Esteban Echeverría, donde esta madrugada murieron cuatro presos en lo que según la versión policial fue un motín desatado tras un intento de fuga.

El organismos de derechos humanos responsabilizó a la cartera conducida por Cristian Ritondo al señalar que esa dependencia policial "estaba en funcionamiento a pesar de que la Justicia había dictado una orden de clausura que inhabilitaba los calabozos y que fue desobedecida por el Ministerio de Seguridad".

La CPM recordó que la comisaría estaba clausurada por una orden del Juzgado de Garantías 2 de Lomas de Zamora con sede en Monte Grande. La Justicia le había ordenado al Ministerio de Seguridad que desalojara "de manera urgente" los calabozos y que trasladara a las personas que se encontraban detenidas. Incluso las celdas habían sido clausuradas por la propia cartera de Seguridad en 2012, a través de la resolución 268.

La entidad liderada por Adolfo Pérez Esquivel consignó además que en marzo de este año el Juzgado de Garantías 2 notificó a los ministros de Seguridad y de Justicia, a la Corte Provincial y a la propia María Eugenia Vidal la clausura y la orden de no alojar personas en esa comisaría, aunque ningún funcionario dio respuestas. El organismo advirtió que al momento del incendio de esta madrugada había 26 detenidos en los calabozos, cuando la capacidad es sólo para 10.

En ese marco, comparó lo sucedido en Esteban Echeverría con la muerte de siete jóvenes en marzo de 2017 en la llamada "Masacre de Pergamino" y remarcó que por ese y otros episodios ocurridos en comisarías presentó denuncias que no fueron atendidas por la Suprema Corte bonaerense ni por las autoridades de distintos departamentos judiciales.

"La CPM repudia esta nueva masacre y responsabiliza por lo sucedido al Poder Ejecutivo provincial y a la Suprema Corte Bonaerense. Las advertencias sobre las condiciones inhumanas en que se encuentran los lugares de encierro en la Provincia que nuestro organismo viene realizando, y el reconocimiento que estas denuncias han tenido en ámbitos judiciales de nuestro país -incluida la propia Corte y organismos internacionales-, le otorgan más gravedad a lo sucedido", subrayó la entidad en un comunicado.

"No se trata ya de un hecho aislado o de un accidente inesperado. Es una masacre de la que el Estado es su máximo responsable, porque se inscribe en una larga secuencia de políticas que no hacen sino agravarla. Una nueva masacre de personas que aún no habían sido condenadas por la justicia, ya que se encontraban procesadas", agregó.

Hacinamiento en comisarías: los números

La CPM denunció que la cantidad de personas detenidas en comisarías bonaerenses creció un 14 por ciento en el último año y acumula un 93 por ciento desde diciembre de 2015. Actualmente se encuentran sobrepobladas en un 246 por ciento: con espacio para 1.000 personas, alojan a 3.500, advirtió.

"Esto ocurre en un marco general de incremento del encarcelamiento como principal política de seguridad: las personas detenidas en cárceles, alcaidías y comisarías superan récords mensualmente: llegan a 47.000 y representan una tasa de 272 personas detenidas cada 100.000 habitantes", alertó el organismo.

La entidad afirmó además que durante la gestión de Ritondo en la cartera de Seguridad ya hubo 11 jóvenes muertos bajo custodia del Estado en las comisarías. Según el informe presentado este año por la CPM, en territorio bonaerense hay 252 comisarías inhabilitadas (el 55 por ciento del total), de las cuales 109 siguen siendo utilizadas para alojar detenidos. La Comisaría Tercera de Echeverría tenía hasta hoy el doble de personas detenidas que el año anterior.

"Mientras las denuncia de nuestro organismo crecen año a año como producto del monitoreo sistemático de lugares de encierro y se agrava el deterioro, abandono y falta de atención por parte de las instituciones del Estado, la única respuesta es el silencio y la inacción de la Justicia y un ministro que públicamente promueve el hacinamiento como política de seguridad", cuestionó la CPM.

Para finalizar, exigió "una investigación urgente de lo sucedido y la intervención de todos los poderes del Estado para revertir el deterioro en que se encuentran los lugares de encierro. Para que haya justicia por Jorge Luis Ramírez, Eduardo Rogelio Ocampo, Jeremías Aron Rodríguez y Juan Bautista Lavarda, y para que el Estado no siga perpetrando una política de seguridad asentada en la vulneración sistemática de los derechos humanos".