En 2016, Vidal también había frenado la aplicación de un protocolo sobre aborto

La marcha atrás que dio el gobierno de Mauricio Macri con la actualización del protocolo sobre interrupción legal del embarazo registra un antecedentes en la provincia de Buenos Aires. En 2016, la gobernadora María Eugenia Vidal procedió de forma similar para frenar la adhesión de la Provincia al protocolo nacional de aborto no punible.

Tres años atrás, la mandataria dejó sin efecto la resolución que había firmado la entonces ministra de Salud bonaerense, Zulma Ortíz, para adherir a la normativa nacional referida a la interrupción voluntaria del embarazo. Ese desaire provocó la renuncia de la funcionaria unos meses después.

Las críticas sobre Ortíz partieron de los sectores más conservadores del Gobierno bonaerense, representados en el Procurador Julio Conte Grand y en el ministro de Gobierno, Joaquín de la Torre. Debilitada por las presiones internas, la ministra dejó el cargo en julio de 2017, aunque adujo razones personales.

Aunque desde Casa Rosada afirmaron que seguirá en cargo hasta el 10 de diciembre, el secretario de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, podría correr una suerte similar a la de Ortíz. Ministros y legisladores del PRO salieron a cuestionarlo públicamente por haber firmado una resolución que actualizaba el protocolo para la interrupción legal del embarazo.

La derogación de esa resolución abrió una grieta en el oficialismo. Mientras el macrismo salió a atacar a Rubinstein bajo el argumento de que actuó de forma "inconsulta", la Unión Cívica Radical, partido al que pertenece el funcionario, respaldó la medida y manifestó su apoyo con el titular de la Secretaría de Salud.

Aunque ya es conocida su postura en contra del aborto, Vidal todavía no se expresó públicamente sobre la resolución de Rubinstein. Sí lo hizo el vicegobernador Daniel Salvador, que respaldó al funcionario nacional y de ese modo, como sucedió tras el golpe de Estado en Bolivia, volvió a tomar distancia de la mandataria bonaerense.