Kicillof creó una Mesa de Diálogo por la superpoblación en cárceles y comisarías

Tal como había anunciado en su discurso de asunción, el gobernador bonaerense Axel Kicillof oficializó la creación de una Mesa de Diálogo para resolver la problemática de la superpoblación en cárceles y comisarías y analizar las condiciones de detención en la provincia de Buenos Aires.

A través del decreto n° 24, Kicillof le encomendó al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, "la conformación, diseño, implementación y reglamentación de una Mesa Interinstitucional de Diálogo para el abordaje integral de la problemática de las condiciones de detención de las personas privadas de libertad, alojadas en comisarías, alcaidías y unidades del Servicio Penitenciario de la Provincia".

Según el texto de la norma, la Mesa de Diálogo estará conformada por, al menos, representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial (a través de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal de Casación Penal y el Ministerio Público), aunque agrega que el Ministerio de Justicia y Derechos humanos "podrá convocar a participar de la Mesa de Diálogo a organizaciones de la sociedad civil, y toda otra persona u organización que estime corresponder".

En sus considerandos, remarca que "en el ámbito bonaerense existe un problema estructural de larga data respecto de las condiciones de detención en las unidades del Servicio Penitenciario, en alcaidías y en comisarías".

Asimismo, da cuenta de la superpoblación en cárceles al recordar que "en el año 2015 el número de detenidos y detenidas era cercano a los 35.000; con una tasa de prisionalización de 240 personas por cada 100.000 habitantes", mientras que "en la actualidad la tasa de prisionalización es de 308 por cada 100.000 habitantes y el número de presos, como ya se mencionó, asciende a casi 49.000 personas".

"Esta tasa de prisionalización en la provincia de Buenos Aires es exageradamente superior a la de la República Argentina, que es de alrededor de 209 por cada 100.000 habitantes", advierte.

Señala a su vez que "el extraordinario incremento de detenidos y detenidas no fue acompañado de una expansión de plazas en las unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense".

"En el año 2014, la capacidad declarada por el mencionado Servicio Penitenciario era de 29.518 plazas, en el año 2019 es de 29.900; esta situación, en parte, derivó no solamente en la sobrepoblación de las unidades, sino en que las comisarías vuelvan a estar repletas de detenidos y detenidas", denuncia.

En ese marco, el decreto recuerda que la superpoblación en comisarías "se tradujo, por ejemplo, en los trágicos sucesos de las comisarías de Pergamino, donde el 2 de marzo de 2017 murieron 7 personas; y de Esteban Echevarría, donde el 15 de noviembre de 2018 fallecieron otras 10".

El texto agrega que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó que la capacidad de alojamiento de detenidos en dependencias policiales "no puede exceder de 1007 personas". Sin embargo, en septiembre de 2018 el número alcanzó a 4129 personas, mientras que en agosto de este año el número era de 3807 personas, según un relevamiento de ese organismo.

"Atento a la situación extremadamente grave en que se encuentran las personas privadas de su libertad, se estima oportuno planificar en forma interinstitucional con participación de la sociedad civil, el diseño y abordaje de las medidas necesarias para dar respuesta a los problemas señalados", concluye el decreto en sus considerandos.