El Gobierno derogó el Servicio Cívico de Bullrich y el control de DNI en trenes

El Gobierno nacional derogó los protocolos para el uso de armas de fuego y de pistolas Taser y revocó el Servicio Cívico Voluntario en Valores y el programa de Ofensores en Trenes, medidas adoptadas durante la gestión de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad.

La resolución 1231 de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, anula el Servicio Cívico creado por el macrismo para "capacitar en valores democráticos y republicanos" a jóvenes de entre 16 y 20 años. El texto publicado en el Boletín Oficial señala que la misión de la Gendarmería nacional, institución encargada de llevar adelante el Servicio Cívico, no guarda relación con los objetivos de ese programa.

"El acceso a los derechos humanos esenciales tales como la educación y la inclusión social de niños y niñas, adolescentes y jóvenes, forma parte de las obligaciones indelegables del Estado Argentino al suscribir a la Convención sobre los Derechos del Niño, y deben ser garantizadas desde las áreas de Educación, Desarrollo Social, Salud, Trabajo, Turismo y Deportes y, en general, por todas aquellas dependencias encargadas de diseñar e implementar las políticas destinadas al desarrollo pleno de niños y niñas, adolescentes y jóvenes", expresa.

Para el Gobierno, el Ministerio de Seguridad, al instituir el Servicio Cívico, "avanzó sobre una materia completamente ajena a sus objetivos y funciones, como lo es la educación de la población civil". En esa línea, la resolución advierte que "además de tratarse una tarea ajena a las funciones de la Gendarmería, la implementación del Servicio Cívico amplía espacios de intervención de una fuerza de seguridad con niños, niñas y adolescentes".

Por dichos motivos, el Ministerio de Seguridad instruyó al titular de la Unidad Gabinete de Asesores de esa cartera a llevar a cabo, dentro del término de 30 días hábiles, "las gestiones y articulaciones necesarias con otras jurisdicciones ministeriales a fin de que los objetivos y componentes del Servicio Cívico vinculados a la educación, la salud y el bienestar, lo social y lo laboral, puedan ser asumidos y gestionados por las áreas competentes de la Administración Nacional".

En otro orden, el Ejecutivo dejó sin efecto el programa Ofensores en Trenes, que autorizaba a las fuerzas de seguridad a pedir documentos de identidad de manera indiscriminada en estaciones de trenes. La resolución argumenta que "esta medida criminaliza a los trabajadores mediante un exceso de controles innecesarios e injustificados" y que, a su vez, "se trata de una herramienta que pone a disposición de las fuerzas policiales y de seguridad la posibilidad de reforzar criterios de selección y discriminación".

La norma también deroga el protocolo que autorizaba a las fuerzas de seguridad a disparar sin dar previamente la voz de alto (la llamada "Doctrina Chocobar") y el que establecía el uso de armas Taser. 

Respecto a ese último punto, se ordena que se elabore un protocolo que "regule integralmente las condiciones y recaudos bajo los cuales los cuerpos especiales de las fuerzas policiales y de seguridad que se hallen facultados para el uso de armas electrónicas menos letales, puedan proceder a su empleo, previa capacitación específica".

"La ausencia de regulación sobre cómo debe utilizarse este armamento ocasiona una situación de peligro exponencial -pudiendo transformar su uso en letal-", advierte la norma.