- Política
- 18.04.2021
Polémica por las clases
Mientras Provincia advierte que habrá sanciones a escuelas “en rebeldía”, la oposición acude a la Justicia
Legisladores presentaron un amparo para mantener las clases presenciales en el marco de la suba de contagios de Coronavirus. El Gobierno bonaerense avisó que podría haber "cancelación de autorizaciones" y "actuación sumarial".
Por Juan Vera Visotsky
En un contexto donde todas las semanas se bate un nuevo record de contagios por coronavirus, el Gobierno bonaerense se mantiene firme en su postura de suspender momentáneamente la presencialidad en las escuelas de AMBA principalmente y de otros municipios donde el sistema sanitario se encuentre desbordado o al borde del colapso.
Esta postura se confirmó esta mañana, cuando la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, lo ratificó en un comunicado oficial. Allí, especificaron que "se suspenden las clases presenciales por dos semanas en 40 distritos de la Provincia de Buenos Aires fuertemente afectados por la segunda ola de COVID 19”. Se trata de distritos que conforman el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
No fueron pocos los casos de personas de la comunidad educativa (grupos de padres y madres, directores y docentes) que, principalmente en las redes sociales, se expresaron en contra de la medida y propusieron desde “declararse en rebeldía” hasta ir a hacer un “abrazo simbólico” a las escuelas, rechazando así el retorno momentáneo a las aulas virtuales. Y desde la oposición no tardaron en hacerse eco de estos reclamos.
En la tarde de ayer, legisladores bonaerenses de Juntos por el Cambio presentaron un amparo para que las escuelas que así lo deseen puedan abrir sus puertas, pese a las restricciones dispuestas. El amparo, que lleva la firma de Daniel Lipovetzky, Diego Rovella y Emiliano Balbín, considera al accionar del Gobierno Nacional y Provincial como "irresponsable" y "contraria al Derecho Humano a la Educación".
Rovella, uno de los legisladores que presentó el amparo, declaró a NuevaBA que, si bien “la presencialidad y la virtualidad no están enfrentadas”, no fue “el resultado de lo que se buscó el año pasado” por parte del Gobierno.
“Vemos con preocupación como en el 2020 muchísimos chicos de la Provincia abandonaron la escuela debido a la falta de la presencialidad”, señaló y advirtió: “El contacto entre docente y alumno y la falta de currículas se va a notar en los años venideros”.
“Además, consideramos el sistema educativo no es igualitario. Hay muchisimos chicos en el interior de la Provincia y acá mismo en La Plata que no tienen forma de acceder a la virtualidad”, aseveró el legislador de Juntos por el Cambio. “Ante esta falta, que es un ataque a los derechos humanos de la educación, es que nos vimos en la obligación de recurrir a la justicia para que se abran las clases en las escuelas”, dijo Rovella a NuevaBA.
Ante la consulta de este medio sobre cómo podría seguir esta situación, desde la Dirección general de Cultura y Educación que comanda Agustina Vila fueron contundentes: “La suspensión de clases por dos semanas en 35 distritos del AMBA fue definida por el Gobierno nacional y cuenta con la adhesión del Gobierno Provincial, quien además tiene la obligación de cumplir con la normativa dispuesta”.
“La Ley Provincial de Educación N° 13.688 establece que los establecimientos educativos de gestión estatal y privada conforman el Sistema Educativo Provincial y en este sentido, todas las instituciones educativas de la Provincia, sean de gestión estatal o privada, se deben enmarcar en los mismos principios, garantías, fines y objetivos y están sujetas al reconocimiento, habilitación y supervisión de las autoridades educativas”, argumentaron desde la Dirección a cargo Vila.
Además, desde esta Dirección provincial advirtieron que “en caso de incumplimiento a la ley se establecerán los procedimientos para la aplicación de sanciones”, pudiendo las instituciones “recibir la cancelación de autorizaciones definidas en la normativa vigente”, previa “a una actuación sumarial encabezada por la Auditoría General”.
Ayer por la tarde en medios de comunicación y redes sociales se vieron imágenes de personas manifestándose en contra de las medidas restrictivas en la puerta de Casa Rosada, la Quinta presidencial de Olivos y el Obelisco del centro de Buenos Aires. En horas de la noche, esas mismas concentraciones fueron diseminadas por las fuerzas de Seguridad.
El Presidente de la Nación confirmó que las Fuerzas de Seguridad se desplegarán para hacer cumplir estas nuevas medidas y lo ratificó el viernes pasado cuando, junto a la Ministra de Seguridad Sabina Frederic, desplegaron más de mil efectivos de Gendarmería en Hurlingam, con el objetivo de hacer operativos en todo el territorio de AMBA.
De momento, la Justicia no se ha expedido al respecto de las clases presenciales, y tampoco está confirmado que haya alguna medida concreta de “rebeldía” de la comunidad educativa en desacuerdo con las medidas.
En un contexto donde todas las semanas se bate un nuevo record de contagios por coronavirus, el Gobierno bonaerense se mantiene firme en su postura de suspender momentáneamente la presencialidad en las escuelas de AMBA principalmente y de otros municipios donde el sistema sanitario se encuentre desbordado o al borde del colapso.
Esta postura se confirmó esta mañana, cuando la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, lo ratificó en un comunicado oficial. Allí, especificaron que "se suspenden las clases presenciales por dos semanas en 40 distritos de la Provincia de Buenos Aires fuertemente afectados por la segunda ola de COVID 19”. Se trata de distritos que conforman el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
No fueron pocos los casos de personas de la comunidad educativa (grupos de padres y madres, directores y docentes) que, principalmente en las redes sociales, se expresaron en contra de la medida y propusieron desde “declararse en rebeldía” hasta ir a hacer un “abrazo simbólico” a las escuelas, rechazando así el retorno momentáneo a las aulas virtuales. Y desde la oposición no tardaron en hacerse eco de estos reclamos.
En la tarde de ayer, legisladores bonaerenses de Juntos por el Cambio presentaron un amparo para que las escuelas que así lo deseen puedan abrir sus puertas, pese a las restricciones dispuestas. El amparo, que lleva la firma de Daniel Lipovetzky, Diego Rovella y Emiliano Balbín, considera al accionar del Gobierno Nacional y Provincial como "irresponsable" y "contraria al Derecho Humano a la Educación".
Rovella, uno de los legisladores que presentó el amparo, declaró a NuevaBA que, si bien “la presencialidad y la virtualidad no están enfrentadas”, no fue “el resultado de lo que se buscó el año pasado” por parte del Gobierno.
“Vemos con preocupación como en el 2020 muchísimos chicos de la Provincia abandonaron la escuela debido a la falta de la presencialidad”, señaló y advirtió: “El contacto entre docente y alumno y la falta de currículas se va a notar en los años venideros”.
“Además, consideramos el sistema educativo no es igualitario. Hay muchisimos chicos en el interior de la Provincia y acá mismo en La Plata que no tienen forma de acceder a la virtualidad”, aseveró el legislador de Juntos por el Cambio. “Ante esta falta, que es un ataque a los derechos humanos de la educación, es que nos vimos en la obligación de recurrir a la justicia para que se abran las clases en las escuelas”, dijo Rovella a NuevaBA.
Ante la consulta de este medio sobre cómo podría seguir esta situación, desde la Dirección general de Cultura y Educación que comanda Agustina Vila fueron contundentes: “La suspensión de clases por dos semanas en 35 distritos del AMBA fue definida por el Gobierno nacional y cuenta con la adhesión del Gobierno Provincial, quien además tiene la obligación de cumplir con la normativa dispuesta”.
“La Ley Provincial de Educación N° 13.688 establece que los establecimientos educativos de gestión estatal y privada conforman el Sistema Educativo Provincial y en este sentido, todas las instituciones educativas de la Provincia, sean de gestión estatal o privada, se deben enmarcar en los mismos principios, garantías, fines y objetivos y están sujetas al reconocimiento, habilitación y supervisión de las autoridades educativas”, argumentaron desde la Dirección a cargo Vila.
Además, desde esta Dirección provincial advirtieron que “en caso de incumplimiento a la ley se establecerán los procedimientos para la aplicación de sanciones”, pudiendo las instituciones “recibir la cancelación de autorizaciones definidas en la normativa vigente”, previa “a una actuación sumarial encabezada por la Auditoría General”.
Ayer por la tarde en medios de comunicación y redes sociales se vieron imágenes de personas manifestándose en contra de las medidas restrictivas en la puerta de Casa Rosada, la Quinta presidencial de Olivos y el Obelisco del centro de Buenos Aires. En horas de la noche, esas mismas concentraciones fueron diseminadas por las fuerzas de Seguridad.
El Presidente de la Nación confirmó que las Fuerzas de Seguridad se desplegarán para hacer cumplir estas nuevas medidas y lo ratificó el viernes pasado cuando, junto a la Ministra de Seguridad Sabina Frederic, desplegaron más de mil efectivos de Gendarmería en Hurlingam, con el objetivo de hacer operativos en todo el territorio de AMBA.
De momento, la Justicia no se ha expedido al respecto de las clases presenciales, y tampoco está confirmado que haya alguna medida concreta de “rebeldía” de la comunidad educativa en desacuerdo con las medidas.
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