La justicia de San Isidro dio un revés a intendentes de JXC y su reclamo por las clases presenciales pasa a la Corte

En el marco de la discusión por las clases presenciales definida por el Gobierno nacional y aplicada en territorio bonaerense por Axel Kicillof, la Justicia en lo Civil y Comercial de San Isidro se declaró incompetente para entender en la acción de amparo presentada por el intendente de Vicente López, Jorge Macri, contra la suspensión de la presencialidad y sostuvo que debe intervenir la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires.

El fallo de la jueza Estela Robles determinó que "los conflictos entre una Municipalidad y el Gobierno de la Provincia son ajenos al conocimiento de los jueces ordinarios". Así, el amparo presentado por el primo de Mauricio Macri pasará a la Suprema Corte bonaerense.

La decisión judicial sostuvo que "los conflictos que se susciten entre una Municipalidad y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires son ajenos al conocimiento de los jueces ordinarios". Así, se diferenció de lo ocurrido con la justicia porteña ante el reclamo de Horacio Rodríguez Larreta, que con un fallo fuertemente custionado avaló lo buscado por la gestión PRO.

La acción de amparo fue presentada contra el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, que adhirió en todos sus términos al decreto 241 firmado por el presidente Alberto Fernández y que estableció restricciones por dos semanas para enfrentar la segunda ola de Covid-19. Entre ellas está la suspensión de clases presenciales hasta el 30 de abril, objetada por intendentes como Macri, de Vicente López, Gustavo Posse, de San Isidro, y Julio Garro, de La Plata.

“A todas las familias, quiero decirles que voy a hacer todo lo posible por sostener la presencialidad en las aulas. Presentamos un amparo en la justicia para que en Vicente López no cierren las escuelas. Estoy convencido que es el lugar donde los chicos tienen que estar”, había sostenido Macri a través de Twitter.

El decreto provincial dispuso la suspensión del dictado de clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades desde el 19 de abril hasta el 30 de abril de 2021, puntualmente en los establecimientos educativos provinciales y municipales de los tres niveles. Los intendentes peronistas adhirieron a la medida aduciendo evitar la propagación de la segunda ola de coronavirus.