- Política
- 10.05.2021
Medidas de asistencia social
Las ayudas alimentarias alcanzan a más de 800 mil nuevos beneficiarios en la Provincia
Tras los anuncios de ayudas sociales anunciados por la Nación el viernes pasado, en la Provincia la enorme mayoría de beneficiarios serán de Servicio Alimentario Escolar y asistencia alimentaria directa. Los detalles.
Por Juan Vera Visotsky
El pasado viernes el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció medidas de asistencia económica para los sectores más vulnerables de la Argentina, ante la segunda ola de Covid-19 y la afectación económica a algunos sectores por las restricciones en pleno despligue de los planes de reactivación económica.
En este contexto, el Gobierno nacional amplió la cantidad de beneficiarios de Tarjeta Alimentar, que recibirán ahora madres con niños de hasta 14 años de edad. El Poder Ejecutivo provincial, por su parte, había hecho lo propio ya con las medidas anunciadas por Axel Kicillof luego de la extensión de las restricciones sanitarias el 30 de abril.
En aquellos anuncios, entre otras medidas, se dictó la ampliación de los cupos del servicio alimentario escolar en 300.000, de tal manera de llegar a más de 2 millones de niñas y niños en toda la provincia. Fuentes del Ministerio de Desarrollo Comunitario de la Provincia que dirige Andrés Larroque confirmaron a NuevaBA que habrá un total de 829.141 nuevos beneficiarios de esta medida en territorio bonaerense, pasando así de 2.828.021 beneficiarios actuales a un nuevo total de 3.657.162
En este sentido, el ministro Larroque dijo hace unos días en declaraciones a Radio Provincia que “siempre entendimos que era indispensable que continuara una política como el IFE”, dejando en claro que según su postura es una política que debiera continuar.
En la Provincia entienden que es muy delicado restringir actividades productivas y económicas en medio de una suba de contagios que puede ser letal para el sistema de salud. Y a sabiendas de que, en territorio bonaerense, una gran cantidad de trabajadores lo hacen sin estar registrados, es decir en negro, por lo que sus ingresos dependen de la posibilidad de poder trabajar.
Por su parte, en el marco del Consejo Federal Argentina contra el Hambre, el Presidente de la Nación apuntó tácitamente contra los empresarios al pedir que ellos también "hagan un esfuerzo" y dijo que "los acreedores van a tener que esperar.
En esta misma línea, el ministro Larroque junto a la titular de ANSES, Fernanda Raverta, anunciaron la puesta en marcha de la Red Federal de Seguridad Social, por medio de la cual buscarán ampliar el padrón de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que en rigor es una asignación familiar para el trabajador en la informalidad; lo cual significaría en cierta forma una continuación del último IFE de $15.000 que se dio luego de las primeras restricciones de abril.
En un contexto en que el Presidente está de gira junto al Ministro de Economía para sumar voluntades para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno está dando señales de que hará todo lo posible para no tener que aplicar los paquetes de medidas que el FMI siempre pide a cambio de la renegociación de las deudas, es decir, más ajuste de presupuesto y reformas de tipo fiscal, laboral y previsional para equilibrar el déficit fiscal a cualquier costo.
"Nuestra prioridad son los argentinos. Los acreedores tendrán que esperar hasta que los argentinos recuperen la dignidad de vivir en una sociedad que los contenga", aseveró el mandatario.
CUESTIONAMIENTOS DESDE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES
Estas ayudas económicas, ideadas para asegurar la alimentación e inyectar dinero en los bolsillos de estos sectores más vulnerables o que forman parte de la informalidad, despertaron críticas por parte de los representantes de los trabajadores de la economía popular. El principal cuestionamiento que se le hizo a estos anuncios es que es un paleativo que no resuelve la cuestión de fondo: la del trabajo formal.
Uno de los que más fuerte alzó su voz al respecto fue Juan Grabois, dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), en una columna de opinión en El Diario AR que con su título sentó postura: “La tarjeta Alimentar no es justicia Social”.
“La decisión está guiada por sentimientos nobles, pero carga un enorme desconocimiento de la realidad, un temor reverencial a los formadores de opinión, una confianza infantil en los formadores de precios, una enorme desvalorización de los trabajadores, una enorme sobrevaloración de los tecnócratas y una adicción inocultable a los focus groups”, aseveró el gremialista. Así mismo sentenció que “masificar el asistencialismo no es el camino” y que la “salida es el trabajo, remunerado y con derechos laborales”.
En la misma línea se expresó Emilio Pérsico, histórico dirigente del Movimiento Evita que hoy ocupa el cargo de Secretario de Economía Social en el ministerio de Desarrollo Social de la Nación, quien dijo que la medida es “pan para hoy y hambre para mañana”, ya que es una política que “no fomenta la inclusión”.
El pasado viernes el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció medidas de asistencia económica para los sectores más vulnerables de la Argentina, ante la segunda ola de Covid-19 y la afectación económica a algunos sectores por las restricciones en pleno despligue de los planes de reactivación económica.
En este contexto, el Gobierno nacional amplió la cantidad de beneficiarios de Tarjeta Alimentar, que recibirán ahora madres con niños de hasta 14 años de edad. El Poder Ejecutivo provincial, por su parte, había hecho lo propio ya con las medidas anunciadas por Axel Kicillof luego de la extensión de las restricciones sanitarias el 30 de abril.
En aquellos anuncios, entre otras medidas, se dictó la ampliación de los cupos del servicio alimentario escolar en 300.000, de tal manera de llegar a más de 2 millones de niñas y niños en toda la provincia. Fuentes del Ministerio de Desarrollo Comunitario de la Provincia que dirige Andrés Larroque confirmaron a NuevaBA que habrá un total de 829.141 nuevos beneficiarios de esta medida en territorio bonaerense, pasando así de 2.828.021 beneficiarios actuales a un nuevo total de 3.657.162
En este sentido, el ministro Larroque dijo hace unos días en declaraciones a Radio Provincia que “siempre entendimos que era indispensable que continuara una política como el IFE”, dejando en claro que según su postura es una política que debiera continuar.
En la Provincia entienden que es muy delicado restringir actividades productivas y económicas en medio de una suba de contagios que puede ser letal para el sistema de salud. Y a sabiendas de que, en territorio bonaerense, una gran cantidad de trabajadores lo hacen sin estar registrados, es decir en negro, por lo que sus ingresos dependen de la posibilidad de poder trabajar.
Por su parte, en el marco del Consejo Federal Argentina contra el Hambre, el Presidente de la Nación apuntó tácitamente contra los empresarios al pedir que ellos también "hagan un esfuerzo" y dijo que "los acreedores van a tener que esperar.
En esta misma línea, el ministro Larroque junto a la titular de ANSES, Fernanda Raverta, anunciaron la puesta en marcha de la Red Federal de Seguridad Social, por medio de la cual buscarán ampliar el padrón de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que en rigor es una asignación familiar para el trabajador en la informalidad; lo cual significaría en cierta forma una continuación del último IFE de $15.000 que se dio luego de las primeras restricciones de abril.
En un contexto en que el Presidente está de gira junto al Ministro de Economía para sumar voluntades para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno está dando señales de que hará todo lo posible para no tener que aplicar los paquetes de medidas que el FMI siempre pide a cambio de la renegociación de las deudas, es decir, más ajuste de presupuesto y reformas de tipo fiscal, laboral y previsional para equilibrar el déficit fiscal a cualquier costo.
"Nuestra prioridad son los argentinos. Los acreedores tendrán que esperar hasta que los argentinos recuperen la dignidad de vivir en una sociedad que los contenga", aseveró el mandatario.
CUESTIONAMIENTOS DESDE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES
Estas ayudas económicas, ideadas para asegurar la alimentación e inyectar dinero en los bolsillos de estos sectores más vulnerables o que forman parte de la informalidad, despertaron críticas por parte de los representantes de los trabajadores de la economía popular. El principal cuestionamiento que se le hizo a estos anuncios es que es un paleativo que no resuelve la cuestión de fondo: la del trabajo formal.
Uno de los que más fuerte alzó su voz al respecto fue Juan Grabois, dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), en una columna de opinión en El Diario AR que con su título sentó postura: “La tarjeta Alimentar no es justicia Social”.
“La decisión está guiada por sentimientos nobles, pero carga un enorme desconocimiento de la realidad, un temor reverencial a los formadores de opinión, una confianza infantil en los formadores de precios, una enorme desvalorización de los trabajadores, una enorme sobrevaloración de los tecnócratas y una adicción inocultable a los focus groups”, aseveró el gremialista. Así mismo sentenció que “masificar el asistencialismo no es el camino” y que la “salida es el trabajo, remunerado y con derechos laborales”.
En la misma línea se expresó Emilio Pérsico, histórico dirigente del Movimiento Evita que hoy ocupa el cargo de Secretario de Economía Social en el ministerio de Desarrollo Social de la Nación, quien dijo que la medida es “pan para hoy y hambre para mañana”, ya que es una política que “no fomenta la inclusión”.
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